La Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos de Chile solicitará al Ministerio Público que se inicie una investigación paralela por presunta simulación fraudulenta y eventual fraude al fisco en Caso Cascadas.

Así lo manifestó en entrevista a La Radio, el presidente nacional de la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos de Chile, Juan Apablaza, quien explicó que se está evaluando recurrir al Ministerio Público, tras la reunión con el director del Servicio de Impuestos Internos, para que se inicie una investigacion paralela, por eventuales delitos de evasión tributaria o simulación de transacciones.

Según Apablaza existen, al menos, tres razones fundamentadas para proceder a investigar eventuales infracciones por parte de las sociedades con las que Julio Ponce controla el 32 por ciento de Sociedad Química Minera.

La primera relacionada con las investigaciones que ha realizado la Superintendencia de Valores y Seguros, SVS, quien ha evidenciado operaciones fraudulentas, lo que perjudican principalmente a accionistas minoritarios.

La segunda es que existe una querella por parte de la AFP Habitat contra quienes resulten responsables, por información privilegiada.

Y la tercera razón, es debido al fallo de la Corte Suprema sobre el caso Embonor, donde se declaró “acto de mala fe”, el que Embonor declarara como pérdidas tributarias cerca de 200 millones de dólares.

Por estas razones, Apablaza asegura que se debe realizar una investigación que determine las evasiones, que se pudieron registrar hasta la fecha recluyéndose en paraísos fiscales.

El dirigente de la asociación fislizadora, Juan Apablaza, agregó que conjunto a la investigación, se solicitará apoyo de los distintos partidos políticos ya que hasta la fecha no han recibido señales desde ninguna de las bancadas y, a su juicio, para que exista justicia, y ésta se cumpla, debe haber una reforma en la ley de impuesto a la renta.

Recordemos que esta solicitud investigar se sumaría a la investigación del fiscal José Morales, quien lleva el caso por eventuales infracciones a la ley de mercado y valores.