Miles de mujeres marcharon este sábado por las calles del centro de Madrid para protestar contra el proyecto de ley elaborado por el gobierno conservador de Mariano Rajoy para restringir el aborto.

Las manifestantes gritaron consignas como “¡Aborto libre!” o “Gallardón dimisión”, en referencia al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, artífice de la nueva ley.

En algunas de las pancartas que enarbolaban podía leerse “Rosarios y parlementarios, fuera de mis ovarios” en relación a la supuesta presión de la Iglesia católica española en esta reforma.

Los obispos españoles calificaron de “avance positivo” el proyecto, aprobado por el consejo de ministros el 20 de diciembre, que modifica la ley del aborto aprobada en 2010 bajo el anterior gobierno socialista.

Esta permite actualmente la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas a todas las mujeres y hasta las 22 semanas en caso de malformación del feto.

La reforma anula dichos plazos y recoge sólo dos supuestos en los que el aborto será legal en España: violación o “grave peligro” para la salud física o psíquica de la madre.

El nuevo texto, que fue denunciado como un retroceso por las feministas y la oposición de izquierda, no contempla, a diferencia de la primera ley del aborto de la democracia española, aprobada en 1985, la interrupción del embarazo en caso de malformación del feto.

“La ley quiere hacernos volver a hace 40 años”, afirmaba una manifestante, Concha Merín, de 42 años, que viajó desde la región de Extremadura, en el oeste del país, para participar en la protesta en Madrid.

“Tengo dos hijas, a ellas les puede afectar. Estoy pensando en las libertades en general de todas las mujeres”, agregaba.

Las manifestantes, principalmente mujeres de todas las edades, acompañadas por representantes de pequeños partidos políticos, marcharon frente al ministerio de Justicia.

El proyecto de ley presentado por Ruiz-Gallardón causó división en el seno del gobernante Partido Popular (PP, derecha) y todavía no fue debatido en el Parlamento, dominado por la formación de Rajoy pero donde se pidió una votación secreta.

Este retraso fue criticado por los activistas antiaborto y por la jerarquía eclesiástica.

“La iglesia no deber meterse en la política”, consideró Merín.