El Consejo de Defensa del Estado decidió hacerse parte de las acciones judiciales en contra de quienes resulten responsables por las presuntas irregularidades en las firmas de Franco Parisi y Tomás Jocelyn-Holt, con las cuales ambos independientes inscribieron sus candidaturas a la Presidencia.
Esto tras tomar en cuenta los antecedentes de la Fiscalía Centro Norte en la investigación contra los notarios Roberto Mosquera y Gloria Acharán, quienes validaron las rúbricas presentadas por los ex candidatos.
Parte de los argumentos de esta decisión es la presunta responsabilidad de funcionarios públicos en estos hechos, los que según el diputado UDI y miembro de la comisión investigadora de la Cámara respecto a este tema, Arturo Squella, afecta la fe pública y la credibilidad hacia otras candidaturas independientes.
Otra de las posibles implicancias para que el Consejo de Defensa del Estado se sume a esta causa es el perjuicio al patrimonio fiscal, pues las candidaturas cuestionadas recibieron las correspondientes devoluciones del Servicio Electoral de $690 por voto.
Para el diputado Pepe Auth (PPD) también miembro de la comisión investigadora, hace falta que la justicia se manifieste sobre este punto.
Arista donde existe el antecedente de la decisión adoptada en noviembre de 2013, cuando la jueza árbitro Sonia Rojas mandó retener 300 millones de pesos de la devolución que el Servel entregaría a Franco Parisi.
