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“Ley Monsanto”: Las dudas y temores que rodean el polémico proyecto

Furtwangl (CC)
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Hablar de la denominada “Ley Monsanto” es hablar de dos aristas en el uso de las semillas para la agricultura: Los avances científicos para mejorar los vegetales, y la protección de derechos intelectuales de quienes manejan esa tecnología. Es allí donde surgen las dudas: ¿Nos invadirán los transgénicos? ¿Hay riesgos para la salud? ¿Se beneficia sólo a grandes empresarios o a todo agricultor?.

Chile adhirió en 1994 al convenio creado en 1978 por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), con una ley adecuada a nuestro país, con el fin de resguardar derechos de propiedad a personas o empresas que hayan creado semillas, por ejemplo, de papa o maíz más resistente a enfermedades o el clima. Este convenio se revisó y modificó en 1991 y es por ello que el año 2009 se presentó el nuevo y polémico cuerpo legal que pretende actualizar la normativa.

Y es ahí donde nace la primera confusión: tanto el convenio como el proyecto en Chile NO regulan los transgénicos. Lo que hacen es proteger los derechos de quienes crean nuevas semillas, sin distinguir si utilizaron medios naturales tradicionales, o la biogenética en un laboratorio. Eso sí, los fundamentos del proyecto nacional apuntan a impulsar la tecnología, particularmente en lo referido al “uso de la biología molecular y la ingeniería genética”, según se lee en el texto.

El proyecto es revisado en el Senado luego que fuera despachado por la comisión de Agricultura. Gran parte de los parlamentarios de oposición comprometieron su rechazo, en línea con lo señalado por la presidenta electa Michelle Bachelet, de revisar la normativa antes de aprobarla.

¿Qué entendemos por transgénicos?

Gran parte de la confusión actual radica en las definiciones técnicas. Un transgénico se entiende como un ser vivo creado en laboratorio, a partir de la incorporación de genes externos, usando para ello herramientas modernas de la biología molecular, según la definición que establece el Convenio de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología.

Esta ingeniería permite introducir ADN de una especie a otra, incluso de un animal a un vegetal, para así aportarle características especiales, como la resistencia a determinados climas, herbicidas y plagas. Esta combinación de genes difícilmente se lograría de forma natural y es esa la diferencia con las semillas modificadas por tecnología de menor complejidad y los medios utilizados por agricultores, que manejan conocimientos tradicionales, incluso ancestrales.

En Chile está prohibida la producción de alimentos y semillas transgénicas para su comercialización interna, lo que no quiere decir que estén lejos. Muchos de los cereales, la soja, aceites y golosinas, que pasan hace varios años por nuestras mesas, son fabricadas en base a este tipo de organismos. Mucha de la carne que consumimos también proviene de ganado criado con alimento transgénico importado. La importación de estos productos es evaluada por la autoridad sanitaria, caso a caso, tomando en cuenta las autorizaciones del país de origen y de acuerdo a la Norma Técnica del Reglamento Sanitario de los Alimentos.

Semillas prohibidas

Pese a la prohibición del mercado interno, Chile posee más de 35.500 hectáreas dedicadas a la producción de semillas transgénicos, pero sólo para exportación e investigación, siendo reguladas y autorizadas por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). De hecho, somos uno de los mayores exportadores de este tipo de semillas en el mundo.

El bioquímico de la Universidad Católica y académico de la U. Andrés Bello, Gabriel León, explica que la eventual aprobación de la Ley de Obtenciones no cambia en nada esta prohibición, pues la regulación de los transgénicos depende de otro cuerpo legal: la moción sobre Bioseguridad de Vegetales Genéticamente Modificados, que duerme en el Congreso desde el 2006, y que el gobierno de Sebastián Piñera pidió sustituir el 2011 por una nueva redacción.

Algo con lo que concuerda Iván Santandreu, biólogo y vocero de “Chile sin Transgénicos”, una de las principales organizaciones opositoras a la Ley de Obtentores. Sin embargo, apunta que la “Ley Monsanto” permite el registro de variedades genéticamente modificadas, lo que sería funcional a una futura liberación de este tipo de cultivos. “Existe una intencionalidad tras esto, eso es evidente”, señala.

El temor a la privatización de la semilla nativa

Santandreu afirma que la ley permite a un empresario tomar una semilla autóctona que encontró en una quebrada, introducirle pequeños cambios para “ponerla a punto” y así convertirse en su obtentor, por ser el “descubridor” de esa variedad desconocida; “al estilo de Cristóbal Colón”, dice. A su juicio, grandes transnacionales podrán apropiarse de semillas mejoradas por pueblos originarios y pequeños agricultores, que históricamente las han intercambiado sin registrar ni cobrar por su propiedad intelectual.

Por su parte, Gabriel León indica que las semillas autóctonas no podrán ser apropiadas por cualquiera, ya que el obtentor está obligado a comprobar ante el Servicio Agrícola y Ganadero que la variedad a inscribir es de su creación, debiendo detallar la forma en que la obtuvo.

En el papel, el acta de la UPOV 91 señala que quien desee proteger una variedad, debe comprobar que ésta es “nueva, distinta, homogénea y estable”; es decir, que no sea “notoriamente conocida”. También define al obtentor como “la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad”, y es ahí donde se produce un importante malentendido, pues de acuerdo a lo explicado por León, en las notas aclaratorias del convenio, se indica que “el mero descubrimiento o hallazgo no permite la protección. Se necesita desarrollo“.

En la misma línea, el proyecto para aplicar el convenio en Chile señala en su artículo primero que la protección al obtentor “se concederá salvaguardando y respetando tanto el patrimonio biológico y genético como los conocimientos tradicionales nacionales”. Así, las semillas nativas quedarían “con derechos libres”, explica León, correspondiendo al SAG la vigilancia de este patrimonio.

Pero todo esto “se queda en las intenciones”, afirma el vocero de Chile sin Transgénicos, quien desestimó aquella protección del patrimonio nacional, pues señala que en el resto del articulado no se especifica de qué forma se hará, y es por ello que temen que esta nueva ley ayude a que grandes empresas avancen a un control total del mercado, al desplazar paulatinamente las semillas nativas y con el tiempo, convertir a todo agricultor en un cliente cautivo de sus productos.

¿Se pueden reutilizar las semillas protegidas?

Hasta hoy, un agricultor que compró a una empresa semillas mejoradas, puede volver a sembrarlas tras la cosecha. La nueva ley restringe esta práctica, con el fin de que el creador de la variedad obtenga derechos también por la semilla “de segunda generación”. Para Santandreu esto significa un atentado contra los pequeños campesinos que históricamente reutilizan sus semillas, lo que sin embargo -señala- podría ser evitado con modificaciones al actual proyecto.

Para Gabriel León, la cosa no es tan así. El bioquímico precisa que el UPOV establece restricciones a la resiembra, pero deben ser determinadas por cada país. En el caso chileno, el reglamento de la Ley de Obtenciones indica que los agricultores podrán resembrar las semillas que obtengan en un área no mayor a la que sembraron originalmente. “Es decir, si compraron semillas para 10 hectáreas, no pueden sembrar más de 10 hectáreas con las semillas que obtengan”, puntualiza.

¿Qué tiene que ver la empresa Monsanto?

El que bautizaran la Ley de Obtenciones como “Ley Monsanto” fue otro golpe a la imagen de este gigante transnacional. Y es que Monsanto arrastra por años un séquito de fieles detractores repartidos por todo el mundo, que le reprochan -por ejemplo- ser responsable del Agente Naranja utilizado en la guerra de Vietnam y de ser el principal impulsor de la manipulación genética en vegetales.

Llegó a Chile el 2005 y domina el 36% del mercado de semillas, tanto para el mercado interno como la exportación, en el caso de transgénicas. Todo ello le reporta una ganancia anual superior a los 50 millones de dólares. Cifras que para sus detractores la harían una de las principales beneficiadas al ver ampliados sus derechos de propiedad con la nueva ley.

Sin embargo, Monsanto se defiende y aseguran que no se verán ni beneficiados ni perjudicados por esta ley, indicando que -por ejemplo- hay otras firmas que poseen un mayor número de variedades protegidas. De hecho, el Registro de Variedades Agrícolas Protegidas del SAG es liderado por la holandesa HZPC Holland B.V con 27 especies; seguida del INIA, dependiente del Ministerio de Agricultura, con 24; y en tercer lugar aparece Monsanto con 22 variedades, seguida de Semillas Baer, con 16.

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