Por 5 votos a favor y 4 en contra, la Comisión Mixta aprobó este martes la denominada “Ley Antiencapuchados” o “Ley Hinzpeter”, que busca fortalecer el resguardo del orden público durante manifestaciones.
Los votos a favor emanaron desde los parlamentarios oficialistas, mientras que el rechazo provino desde la Nueva Mayoría, cuyos congresistas adelantaron que van a frenar la iniciativa en la tramitación que aún resta en ambas cámaras.
Junto a otros dos proyectos en materia de seguridad, a este proyecto el Gobierno imprimió el carácter de “discusión inmediata”, para su pronta tramitación, por lo que la Comisión despachó el informe que deberá ser revisado en primera instancia por la Cámara de Diputados y posteriormente por el Senado.
Durante la discusión, desde la oposición han acusado una supuesta intencionalidad política del Gobierno para apresurar el debate, mientras que desde la Alianza señalan que la iniciativa se encuentra en el Congreso hace dos años y sólo consiste en precisar una herramienta para prevenir los desmanes y la violencia con que actúan algunas personas que ocultan su identidad en el marco de diversas manifestaciones legítimas.
El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Patricio Walker (DC), que presidió la instancia, manifestó que todo lo que se denomina la ley Hinzpeter propiamente tal fue rechazada por los senadores de la Concertación, sin embargo el informe fue aprobado por los cinco parlamentarios del oficialismo.
Tras la aprobación del informe, ahora la sala del Senado tiene que pronunciarse sobre este informe “como un todo”, y por eso el parlamentario adelantó que “lo que debiera ocurrir en la sala es que esto se rechace”.
Walker insistió en que “todo lo que se pretende legislar ya está en el ordenamiento jurídico y por lo tanto, esto es solamente una señal efectista para la ciudadanía y no es algo necesario para proteger el orden público. Además que hay que respetar el derecho a la libertad personal, individual, por eso estamos en contra de este proyecto. Hoy existen los herramientas para defender el orden público, la seguridad”, manifestó.
Las materias contenidas en el informe se refieren al delito de desórdenes públicos graves, las agravantes en el caso de delitos que se cometan por encapuchados y las acciones de personas que paralicen mediante amenazas, servicios públicos y otros.
Cabe mencionar que esta normativa debió ser discutida en Comisión Mixta luego que fuera aprobada en la Cámara de Diputados pero rechazada en el Senado.
