Un grupo de familiares de Detenidos Desaparecidos y ejecutados políticos de nacionalidad argentina, que fueron apresados en Chile luego del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, le pedirán a los tribunales de justicia la reapertura de sus casos, tras el cierre decretado el 2009 por falta de antecedentes.

Una de esas causas es por la ejecución, sin sumario judicial, del ciudadano trasandino Oscar Bugallo, apresado por una patrulla de carabineros en Santiago el 15 de octubre de 1973 y trasladado hasta la séptima comisaría capitalina.

Según su esposa, Olga Reinoso, hace unas semanas sus compañeros del Partido Socialista se contactaron con ella y le entregaron nuevos datos sobre la identidad de los captores de su marido.

La denuncia criminal por este caso se interpuso el 2003 y le siguió una querella el 2006, pero tres años después el Quinto Juzgado del Crimen cerró el proceso por falta de antecedentes.

Junto a su abogado, Hiram Villagra, Reinoso pedirá la reapertura del caso, manifestando que no morirá sin ver justicia por su esposo.

En esta visita a Chile, los familiares fueron acompañados por Ernesto Ljederman Ávalos, el hijo sobreviviente del matrimonio argentino-mexicano de Bernardo y María del Rosario, ejecutados por una patrulla militar del regimiento Arica de la ciudad de la Serena en 1973.

Este argentino se hizo conocido cuando emplazó al ex comandante en jefe del ejército, el general Juan Emilio Cheyre, para que reconociera que fue él en esa época quien como teniente lo entregó a un convento de monjas y que no hizo nada por indagar que ocurrió con sus padres.

Consultado por la decisión reciente de la justicia chilena de no procesar al ex uniformado, Lejderman aseguró que al menos hubo una condena moral.

Cheyre, tras el cara a cara con Lejderman en televisión, optó por renunciar a la presidencia del Consejo Directivo del Servicio Electoral.