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Evaluarán fallo sobre concesión de nacionalidad en República Dominicana

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Delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se instalaron este lunes en República Dominicana para evaluar la situación de los derechos humanos en este país, ante las protestas que generó una sentencia que niega la nacionalidad a descendientes de inmigrantes ilegales.

La comisión “vino a analizar cuál es la situación en República Dominicana sobre el derecho a la nacionalidad, el derecho a la identidad, el derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación”, dijo a la prensa la directora de Comunicación de la entidad, María Isabel Pineda.

La delegación llegó por invitación del Estado dominicano, aunque movido por las controversias que generó el fallo del Tribunal Constitucional, según el cual no son dominicanos los nacidos en el país si sus padres inmigraron de forma irregular.

“Yo espero que, con Dios delante, tarde o temprano, se resuelva todo esto, porque me tienen que dar mis documentos”, dijo Juliana Deguis, cuyo caso fue objeto directo de la sentencia y formó parte de decenas descendientes de haitianos que acudieron este lunes ante la misión.

Los comisionados operan en el Club de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en el malecón de Santo Domingo y en cuyo frente se registró una manifestación de protesta en la mañana, lo que motivó el reforzamiento de la vigilancia policial.

Lunes, martes y jueves los delegados recibirán en Santo Domingo las denuncias y argumentos de todas las partes involucradas interesadas en participar y el miércoles se trasladarán a seis provincias, repartidas en norte, sur y este del país.

El viernes informarán de las conclusiones, en una rueda de prensa convocada en un hotel de la capital, detalló Pineda. El programa también incluye reuniones con representantes de los tres poderes del Estado.

La comisión es presidida por José de Jesús Orozco Henríquez, mientras que la primera vicepresidenta es Tracy Robinson y la segunda vicepresidenta Rosa María Ortiz.

Según cifras oficiales, desde 1929 se asentaron 24.000 registros de nacimiento de hijos de extranjeros que el Estado considera irregulares, 13.000 de ellos descendientes de haitianos.

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