El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en contra de dos ex funcionarios del Poder Judicial, quienes crearon una constructora y sociedades, con las cuales se adjudicaron de forma irregular varios proyectos inmobiliarios y de arriendo para el organismo, a través del país, constituyéndose un supuesto fraude al Fisco.
Según la presentación judicial, se trata del ex jefe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), Miguel Sánchez, y del jefe de infraestructura, Gonzalo Díaz, quienes con la empresa Cosal, armaron sociedades perfectamente licitables, para así construir 7 juzgados en el país. Entre ellos está el de Colina, San Antonio, Limache, Iquique y Puerto Mont, así como el Centro de Justicia de Tarapacá.
El accionar de Cosal era similar en diversos puntos del país. Armaban una inmobiliaria con la que obtenían contratos de arriendo y luego venta al CAPJ, según pudo conocer The Clinic.
Así por ejemplo, en Iquique se levantó la Inmobiliaria Iquique, que se adjudicó la construcción del Centro de Justicia de esa ciudad. Similar en Colina, cuando el Consejo Superior del CAPJ dio el visto bueno para un Juzgado de Familia. En esa oportunidad Juan XXIII fue quien ganó, justamente ligada a Cosal.
Otro caso es el de El Vergel, que se constituyó en Limache justo un mes después de que la Corte Suprema decidiera construir un Juzgado de Letras y otro de Familia en esa zona.
El CDE no detalla la cifra defraudada, sin embargo asegura que Sánchez y Díaz faltaron a sus funciones de trabajadores públicos, con la modalidad de concentración de empresas.
Se conoció además que Cosal ha tenido a cargo la construcción de la Corte de Apelaciones de Valdivia, así como de algunas obras a Contraloría, PDI, Carabineros, Mineduc y al MOP.
