Al cumplirse 10 años de la reforma procesal penal en la Región del Bío Bío, desde la magistratura y la Defensoría Penal Pública califican como injustas y carentes de fundamento las críticas a los jueces, como responsables de la delincuencia en el país.
Tras quitar a los jueces el rol investigador que tenían en los antiguos Juzgados del Crimen, entregando ese trabajo al Ministerio Público, el Poder Judicial entendió que terminarían esas críticas. Argumentaban que sus resoluciones se basarían en los antecedentes que aportaran los fiscales ante los Juzgados de Garantía y los Tribunales Orales.
A una década de la entrada en vigencia de la reforma procesal en la Región del Bío Bío, los tribunales siguen siendo el blanco de las críticas desde el gobierno y la ciudadanía, lo que para el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, ministro Rodrigo Cerda, es una equivocación.
Coincidiendo con la última polémica entre La Moneda y los jueces en torno al Observatorio Judicial, la Corte Suprema entregó cifras sobre las prisiones preventivas dictadas en los últimos dos años.
Se precisa que en 2012 y lo que va de 2013 han sido concedidas 9 de cada 10 solicitudes presentadas por los fiscales ante los Juzgados de Garantía.
El defensor nacional, Georgy Schubert, calificó como injustos los cuestionamientos a los jueces de Garantía, y afirmó que todos saben que las causas de la delincuencia son mucho más amplias que esto.
Por otra parte, en el marco de este nuevo aniversario de la implementación del sistema de justicia penal en el Bío Bío, se han agendado diversas actividades como un encuentro convocado por la Fiscalía Regional donde se analizó los resultados de la primera década de la reforma, y donde intervinieron el Fiscal Nacional Sabas Chahuán, el defensor nacional y el presidente de los magistrados.
