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Caso Cascadas: SVS reitera celo por reserva de investigación en respuesta por no entregar expediente
Publicado por: Agencia UPI
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La Superintendencia de Valores y Seguros envi√≥ su respuesta a la Corte de Apelaciones de Santiago ante el reclamo de la Fiscal√≠a Metropolitana Centro Norte por no entregarle la investigaci√≥n al contralor de Soquimich y tres ejecutivos de la compa√Ī√≠a por “falta a la reserva” para el resguardo de dicha indagatoria en el llamado “Caso Cascada”.

En el escrito de 11 p√°ginas, el Superintendente Fernando Coloma asegura que el art√≠culo 182 del C√≥digo Procesal Penal sobre el “secreto” de las actuaciones del Ministerio P√ļblico y las polic√≠as no otorga “las debidas garant√≠as en el tratamiento del deber de reserva”.

Coloma afirma en el informe que “no existe una disposici√≥n clara que establezca el resguardo de deber de reserva respecto de los antecedentes que pudiera entregar esta Superintendencia. Tanto es as√≠, que la propia norma se√Īala que podr√°n acceder a la investigaci√≥n tanto el imputado como “otros intervinientes”, los que no necesariamente ser√°n id√©nticos a quienes intervengan en el procedimiento administrativo sancionador” esto es la formulaci√≥n de cargos al empresario Julio Ponce Lerou y otros tres ejecutivos.

La Superintendencia en su respuesta defiende el uso del art√≠culo 23 del Decreto Ley N¬į3.538 que hablan de “la obligaci√≥n a guardar reserva acerca de los documentos y antecedentes de las personas o entidades sujetas a la fiscalizaci√≥n de ella, siempre que tales documentos y antecedentes no tengan el car√°cter de p√ļblicos”.

Coloma recuerda un fallo de la Corte Suprema para defender su negativa a entregar su investigación a la Unidad de los Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte sobre la base del principio de inocencia, debido proceso y afectación a la vida privada de las personas.

El Superintendente apunta que “no es posible atender al argumento del Ministerio P√ļblico relativo a que el art√≠culo 23 del D.L. N¬į3.538 no puede primar por sobre las disposiciones procesales penales, al entender err√≥neamente que el inter√©s amparado por el deber de reserva de la citada norma es un inter√©s particular reducido a informaci√≥n sensible de negocios”, dice el informe.

Coloma agrega “la norma cuestionada no s√≥lo se limita a la protecci√≥n de la presunci√≥n de inocencia, a los derechos de car√°cter econ√≥mico y en general al amparo de la vida privada; sino que tambi√©n, la protecci√≥n del mercado, en cuanto a evitar se√Īales err√≥neas que causen mayores perjuicios que el hecho sancionado, evidenci√°ndose de esta manera el inter√©s p√ļblico tutelado, lo que explica el deber de reserva al que est√° sujeto este Servicio” puntualiza el Superintendente de Valores y Seguros

Concluye el informe que “no resulta a este Servicio entender – como lo hace el Ministerio P√ļblico ‚Äď que el art√≠culo 182 del C√≥digo Procesal Penal releva y desplaza el deber de reserva del art√≠culo 23 del D.L. N¬į3.538, dado que ambas normas atienden deberes de reserva exclusiva para la entidad obligada a ella, m√°s aun considerando que sobre el art√≠culo 182 del C√≥digo Procesal Penal no pesa una sanci√≥n penal como en el caso del art√≠culo 23 del N¬į3.538″ afirma el Superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma a la Corte de Apelaciones de Santiago.

El presidente de la Corte, Carlos Cerda fijó audiencia para discutir el tema el lunes 14 de octubre en la Segunda Sala del tribunal de alzada capitalino.

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