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Fiscal que investiga supuestos abusos en hogares del Sename asegura que aún no ha detectado delitos

Hans Scott | Agencia UNO
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El jefe regional de la Fiscalía de Magallanes, Juan Agustín Meléndez aseguró que “no ha encontrado hechos nuevos, ni con características de delitos” en la investigación que lleva en todo el país a los centros de acogida del Servicio Nacional de Menores (Sename), y Aldeas S.O.S.

Hace casi tres meses, tras una orden de la Fiscalía Nacional, el persecutor inició la indagatoria ante eventuales ilícitos cometidos en contra de menores vulnerables al interior de varios centros del Sename en distintos puntos del país, luego que un informe del Poder Judicial revelara que 12 niños declararon haber sido víctimas de abuso sexual en una encuesta aplicada de forma anónima.

Desde el 11 julio pasado el fiscal realiza diligencias, cuyo primer objetivo era dar con la identidad de los menores en cuestión, y para ello, personalmente recorrió distintas residencias del Sename, en varias regiones del país, acompañado de un equipo especializado de la Policía de Investigaciones.

El fiscal Meléndez ya entrevistó a un centenar de menores y por lo mismo dijo estaba en condiciones de señalar que “lo que hay que tener claro es que estamos estableciendo los menores que contestaron la encuesta. Hemos determinado la identidad de la mayoría de ellos, ha sido bastante productivo”, dijo el persecutor, quien destacó que, “por el momento, no hemos establecido algún hecho concreto que podamos señalar la existencia de un delito en específico”.

Según Meléndez, la investigación va bien encaminada, y explicó que en lo que lleva, ha podido detectar que los menores que habrían respondido que fueron víctimas de abuso, “obedecen a aquellos motivos por los cuales ingresaron al sistema, y son causas que ya han sido investigadas”, por lo que, por ahora, se descarta la comisión de graves delitos de connotación sexual, consumo de drogas y otros ilícitos al interior de las residencias del Sename.

El fiscal no descartó que los menores hayan malentendido la pregunta de la encuesta, y evitó calificar la forma en que se aplicó el instrumento.

Los avances de la investigación, dijo, permitirán “en un plazo aproximado de dos meses, tener todo dilucidado”.

La encuesta fue realizada por un equipo conjunto del Poder Judicial encabezado por la jueza de Familia, Mónica Jeldres, personal de Unicef y la abogada especialista en temas de menores, Paulina Gómez, pero se mantuvo en reserva por casi seis meses por orden del ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño, lo que generó la polémica por supuestamente querer ocultar los resultados del controvertido estudio.

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