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Servicio de Salud Arauco no apela a fallo que lo obliga a pagar indemnización de $180 millones

Brian Turner (cc)
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El Servicio de Salud Arauco deberá pagar $180 millones por la muerte de una mujer en 2001 en el hospital de esa comuna. La justicia determinó que Sandra Gallegos falleció tras una cesárea programada, sin que el establecimiento estuviera apto para ese tipo de procedimiento, al no tener especialistas ni la capacidad para enfrentar emergencias postoperatorias.

Sandra Gallegos ingresó al Hospital de Arauco el 15 de mayo de ese año para someterse a una cesárea. Si bien su hijo nació sin problemas, la madre sufrió una anemia aguda que obligó a su traslado hasta el Hospital Regional, pero debido al agravamiento la ambulancia debió parar en el recinto asistencia de Lota, donde la mujer falleció.

La madre e hijos de la paciente fallecida denunciaron ante el Juzgado de Lebu que fue una negligencia inexcusable del Servicio de Salud Arauco el detonante de la tragedia, argumento que fue finalmente acogido por la justicia, según explicó el abogado patrocinante de la demanda, José Bidart.

El fallo establece que el Hospital de Arauco no tenía médicos especialistas, anestesiólgos, banco de sangre ni UCI. Agrega que de haber sido atendida Sandra Gallegos en un establecimiento de mayor complejidad, su muerte se podría haber evitado.

De hecho, luego de lo ocurrido, el Hospital de Arauco y todos los menos complejos dejaron de realizar cesáreas lectivas, como lo confirmó el ex director del Servicio de Salud y actual diputado, Manuel Monsalve.

Hoy los partos son realizados en el Hospital de Curanilahue, como lo indicó el parlamentario y la actual directora del Servicio, María Rebeco, indicó no haber sido notificada oficialmente aún de la sentencia. Extraoficialmente, sin embargo, es probable que la doctora Rebeco esté al tanto.

Al haber expirado el plazo que tenían los abogados del Servicio de Salud Arauco, el fallo quedó a firme en primera instancia. Fueron infructuosos los intentos de los juristas para revertir la situación y poder presentar un recurso de apelación.

Para el diputado, la posible negligencia en el trabajo de los abogados del servicio debería ser investigada administrativamente.

Ahora no queda más para el Servicio de Salud que disponer los recursos para el cumplimiento de la sentencia, de manera de evitar el aumento del monto por concepto de intereses e IPC, según lo establece el ministro Hadolff Ascencio, quien dictó el fallo en calidad de ministro en visita.

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