Una reunión sostuvo el jefe regional del Ministerio Público, Julio Contardo, y el director de Gendarmería en el Bío Bío, Maurice Grimalt, en un intento de evitar el juicio contra dos gendarmes acusados de desobedecer a un fiscal.
Yoselyn Candia Herrera y Juan Mantes Navarro fueron denunciados por negarse a dejar sin custodia a una imputada para que fuese interrogada en privado por el fiscal de Coronel, Carlos Palma.
Se inició entonces una investigación por parte del fiscal Julio Sánchez, quien formalizó a los uniformados, ofreciéndoles un procedimiento monitorio, el que fue rechazado. Así, los acusados decidieron ir a un juicio simplificado.
Pero en un intento por evitar llegar a esa nivel con la causa judicial, por la falta que contempla el Código Penal de desobediencia a la autoridad, los abogados de Gendarmería pidieron a la Fiscalía proponer una salida alternativa.
El ofrecimiento fue una suspensión condicional de procedimiento, lo que fue conversado entre el coronel Grimalt y el fiscal Contardo. Según lo nformado por el presidente regional de la Asociación de Oficiales Penitenciarios, Mario Palavecinos, quien participó en la reunión, la propuesta no prosperó.
La razón que tiene el director regional de Gendarmería para liderar estas conversaciones, es que la institución y los gremios de funcionarios respaldan a Candia y Mantes, al sostener que los gendarmes -al negarse a abandonar la oficina donde el fiscal Palma interrogaba a la detenida- sólo cumplieron con el reglamento.
Palavecinos explicó que por las características de la oficina del fiscal Palma en Coronel, la guardia tenía que estar al lado de la imputada.
Así, se mantiene la fecha del juicio simplificado para el próximo 1 de octubre en el Juzgado de Garantía de Coronel, exponiéndose los gendarmes acusados a la pena de multa de unos 30 mil pesos.
