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Justicia boliviana pide a Morales declaración escrita por represión a indígenas

Archivo | Manuel Claure – Agencia UNO
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El presidente boliviano Evo Morales, deberá responder por escrito a la Justicia ocho preguntas relativas a una violenta represión a indígenas amazónicos que se oponían a un proyecto carretero en 2011, según se indicó este lunes a la AFP.

“En torno a la información que debe brindarnos el Presidente, la comisión de fiscales dejó un cuestionario de ocho preguntas en la Presidencia del Estado”, dijo a periodistas Roger Velásquez, uno de los fiscales del caso.

El fiscal no dio a conocer sin embargo el contenido del cuestionario.

Morales había anunciado a fines de agosto que comparecería ante la justicia boliviana por el caso, pese a que una investigación preliminar lo había eximido de responsabilidad en el asunto.

La oposición boliviana sospecha que el presidente estaba al tanto de una operación en septiembre de 2011 cuando efectivos policiales cargaron violentamente contra una marcha que realizaban indígenas de la Amazonia local, en protesta contra un proyecto vial que amenazaba con dividir su territorio.

Tras esa represión, la marcha se reanudó días después y continuó su avance sobre La Paz, donde se reunió con Morales, que decidió retroceder en el plan de construir la carretera.

“Cumpliré con la Constitución pero el pueblo boliviano debe saber” quiénes están detrás de la citación para que declare a la Fiscalía, dijo Morales.

Un dirigente campesino de etnia aymara, Rafael Quispe, “que ha estado en contacto permanente con la embajada de Estados Unidos durante la marcha”, según registros telefónicos entregados entonces por el gobierno, es uno de los promotores del citatorio, según el mandatario.

En esa ocasión, el Defensor del Pueblo boliviano destacó que en la acción policial hubo indicios de violaciones de los derechos humanos y solicitó a la Fiscalía acciones penales contra autoridades policiales y del Ministerio de Gobierno, pero eximió de responsabilidad al presidente.

Según la oposición, el principal responsable de esas acciones fue el actual embajador de Bolivia en la ONU, Sacha Llorenti, en ese entonces ministro de Gobierno.

Morales pidió entonces disculpas públicas y aseguró que no había ordenado la acción violenta.

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