Dos funcionarios de Gendarmería serán llevados a juicio por el Ministerio Público, a raíz de una denuncia del fiscal Carlos Palma por desobediencia a la autoridad. Los gendarmes tienen el apoyo de la institución, que nombró dos abogados para su defensa.
En enero pasado, el jefe del Ministerio Público en Coronel, Carlos Palma, interrogaba a una detenida por delito de drogas en dependencias de la Fiscalía. Al pedir a la gendarme Yoselyn Candia Herrera abandonar la oficina, ésta se negó, argumentando el reglamento de la institución respecto de la guardia de personas privadas de libertad.
Al reclamar telefónicamente al superior de la funcionaria, Juan Mantes Navarro, jefe de la Unidad de Servicios Especiales de Concepción, éste señaló al fiscal Palma que la gendarme tenía que cumplir con su trabajo y que por lo tanto debía custodiar a la detenida.
Fue tras ese episodio que el persecutor presentó la denuncia por la falta contemplada en el Código Penal de desobedecer a una autoridad. Candia y Mantes fueron formalizados, planteándose un procedimiento monitorio ante el Juzgado de Garantía de Coronel. Los funcionarios rechazaron la salida y optaron por ir a juicio simplificado.
Lo ocurrido ha generado molestia y preocupación en Gendarmería, dijo el dirigente gremial, Oscar Ulloa, al defender la negativa de los funcionarios ante la Fiscalía.
El presidente de la Asociación Regional de Gendarmes, Oscar Ulloa, cuestionó, además, la decisión del Ministerio Público de destinar recursos para este tipo de casos.
La defensa de Candia y Mantes está a cargo de abogados de Gendarmería, institución que realizó un sumario, descartando la responsabilidad de los funcionarios en el hecho denunciado por el fiscal Palma. La sanción que conlleva la falta imputada a los gendarmes es el pago de una multa de 30 mil pesos. El juicio, a cargo del fiscal Julio Sánchez, está agendado para el próximo 1 de octubre en el juzgado coronelino.
