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Movimiento Social por la Educación elabora programa de propuestas y evalúa aplazar marcha

Cristóbal Escobar | Agencia Uno
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Restructuración del Consejo de Rectores, acreditación institucional de las universidades en todas las categorías, gratuidad universal para todos los niveles y la creación de un Sistema Nacional de Educación Pública, son algunas de las propuestas que incluye la reforma que elabora el Movimiento Social por la Educación.

Además, los estudiantes evalúan cambiar para la primera semana de septiembre la marcha convocada para el 29 de agosto.

Hace menos de un mes el Movimiento Social por la Educación anunció la elaboración de un programa, en el que se recogerían las demandas históricas de profesores, secundarios y universitarios, para plasmarlos en un documento programático, el cual si bien aún está siendo afinado, ya presenta un gran estado avance.

Como principal eje se plantea que sea el Estado quien garantice la educación como un derecho social y otorgue gratuidad en todos los niveles.

Para el caso de los jardines infantiles, piden una nueva institucionalidad que resguarde la calidad y transparencia de estas instituciones, por medio de un ente fiscalizador de excelencia y así terminarcon el empadronamiento Juni como certificado de reconocimiento. Además, pretenden acabar con la selección y el copago, aumentar la cantidad de educadoras y técnicos por aula y la fiscalización de la carrera de Educación Parvularia.

En educación escolar, la desmunicipalización aparece como el principal eje, proponiéndose un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, dependiente del ministerio de Educación, descentralizado y del cual dependan administrativa y financieramente todos los colegios públicos.

Las medidas fueron valoradas por Felipe Salazar, del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales.

En cuanto al financiamiento escolar, se plantea terminar con el pago de la subvención por asistencia y hacerlo por medio de aportes basales para todos los establecimientos vía presupuesto, donde se considere la cantidad de salas, matrícula, composición socioeconómica del colegio; a lo que se suma la implementación de un calendario para terminar con el financiamiento compartido.

También se propone suspender de forma inmediata la creación de nuevos colegios particulares subvencionados, hasta que no se definan parámetros objetivos que justifiquen su creación.

En educación superior, se plantea una restructuración institucional, donde el fin último sea la calidad, además de una mayor regulación y fiscalización del sistema, equidad en el acceso y mayores espacios democráticos, indicó el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Diego Vela.

Asimismo, proponen una Superintendencia de Educación Superior, que cuente con atribuciones para transparentar la situación financiera y académicas de las instituciones, que fiscalice y haga cumplir la prohibición de lucrar, no sólo en las universidades sino que también en Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica.

En cuanto a la acreditación, se plantea que ésta sea una agencia autónoma, pública y transparente; cuyos criterios a medir sean: calidad y excelencia académica, donde la misión de la institución esté en concordancia con los objetivos educativos del país. Esto se debe implementar previo a cualquier proyecto que aumente los recursos a instituciones privadas.

El documento también propone una restructuración del Consejo de Rectores, por medio de la generación de una Red Pública de Educación que no sólo agrupe a las universidades, sino que también a Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales, de carácter estatal y no estatal.

Proyecto ambicioso en palabras del rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del Consorcio de universidades del Estado, Aldo Valle.

La propuesta aborda un mayor fortalecimiento de la educación técnico profesional.

Para concretar estas propuestas, se plantean cambios constitucionales como la eliminación del sistema binominal, de manera de hacer más representativo el parlamento y alcanzar estos acuerdos y una reforma tributaria que permita su financiamiento.

Si bien este programa iba a ser presentado el 29 de agosto, se decidió aplazar su entrega, al igual que la marcha que estaba convocada para ese día, la cual sería reagendada para la primera semana de septiembre.

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