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Veto supresivo permitió acuerdo para aprobar informe de Ley de Concesiones Eléctricas en el Senado

Pablo Ovalle Isasmendi | Agencia UNO
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El Senado finalizó el trámite legislativo del proyecto de ley que modifica los plazos para el otorgamiento de concesiones eléctricas, luego que el Ejecutivo se comprometiera a enviar un veto supresivo, a través del cual se eliminarán de la ley los artículos más polémicos de la iniciativa.

De esta forma y en caso de que las concesiones eléctricas pasen por áreas silvestres protegidas o por territorios pertenecientes a pueblos indígenas se aplicarán las normas generales ya existentes en la legislación chilena y que regulan dichas materias.

El ministro de Energía Jorge Bunster, explicó los alcances que tendrá el veto supresivo que negoció el Gobierno con los jefes de bancada de los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, los detractores del proyecto afirmaron que esta ley que modifica el otorgamiento de concesiones eléctricas vulnera derechos fundamentales, particularmente de los pequeños propietarios y de las comunidades que verán cómo se levantan proyectos eléctricos a su alrededor.

El senador de Renovación Nacional, Antonio Horvath, aseguró que este acuerdo firmado entre la UDI y la DC es un proyecto atropellador de derechos.

Pero el senador DC Eduardo Frei, uno de los principales impulsores de este y otros proyectos relacionados con materias energéticas, la posibilidad de un racionamiento eléctrico en 2016 es una amenaza seria que deberá enfrentar el próximo gobierno.

Aunque la senadora socialista Isabel Allende criticó el acuerdo suscrito por el ministro Bunster y los jefes de bancada en la Cámara, aseguró que la necesidad de fortalecer el sistema energético del país obliga a aprobar las modificaciones relacionadas con los plazos para otorgar concesiones eléctricas.

El proyecto aprobado por ambas cámaras del Congreso considera, entre otros polémicos aspectos, la imposibilidad de que los vecinos de una concesión eléctrica puedan hacer observaciones o reclamos frente a un proyecto que se instalen en su entorno. A su vez posibilita el uso de la fuerza pública y la notificación de desalojo a través de una simple nota en la entrada de un predio.

Los senadores que votaron en contra de la normativa hicieron reserva de constitucionalidad, razón por la cual antes de su promulgación el proyecto tendrá que ser revisado por el Tribunal Constitucional.

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