El fiscal regional de Atacama, Héctor Mella, explicó por qué se cerró la investigación por el conocido derrumbe en la mina San José en 2010.

Según el Ministerio Público, se habrían agotado todas las instancias para encontrar los antecedentes que permitiesen determinar la existencia de un delito penal, lo que finalmente fue descartado.

Para ello se consideraron los reportes técnicos de Sernageomin, Labocar, PDI, testimonios de los acusados y testigos, entre otra serie de pruebas, indicó Mella.

La indagación contempló la constatación de los testimonios de los 33 mineros atrapados y el personal administrativo de la empresa minera San Esteban, además de la incautación de documentos en se constataba el funcionamiento interno del malogrado yacimiento.

Junto con indicar que lo antecedentes reunidos no permiten inculpar a presuntos responsables, el fiscal señaló que tampoco se puede sobreseer la causa.

El fiscal regional agregó que la decisión se tomó considerando que ni el informe de Sernageomin ni el que efectuó Contraloría son determinantes en el ámbito estrictamente penal, para poder inculpar a individuos o instituciones.