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Parlamentarios del Bío Bío acaparan reportaje de “Contacto” que reveló conflictos de interés

Archivo | Pablo Ovalle/AgenciaUNO
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Una investigación encabezada por los periodistas Juan Francisco Riumalló y Soledad Millar, que se extendió por cerca de tres años, revisó el patrimonio de los 158 parlamentarios chilenos, en una nueva investigación realizada por el programa “Contacto” de Canal 13, que dejó al descubierto una serie de conflictos de interés de los congresistas nacionales.

Según dejó en evidencia el reportaje, un 41% de los parlamentarios tienen participación en sociedades que no han sido incluidas en las declaraciones de patrimonio que por ley están obligados a realizar. Se trata de 398 sociedades en total, de las que sólo 234 están explicitadas en los documentos oficiales, lo que significa en la práctica que 78 congresistas omitieron información.

De acuerdo a lo que señala la Ley 18.918, todos los parlamentarios deben exponer públicamente sus inversiones y participaciones en sociedades comerciales, con el fin de evitar que participen en alguna discusión legislativa que tenga alguna relación con esas empresas.

El primero en saltar a la palestra fue el diputado UDI Ramón Barros, quien cultiva en un fundo de su propiedad unas 40 hectáreas dedicadas a los viñedos. El problema radica en que Barros votó en contra de una ley que afecta directamente a las empresas vitivinícolas en el proyecto que incluía la prohibición para que las bebidas alcohólicas publiciten libremente en eventos deportivos.

Pero además, el diputado gremialista posee una plantación de tabaco, y coincidentemente se mostró abiertamente en contra de la Ley de Tabaco presentada por el Ministerio de Salud, pese a ser un productor menor de la droga legal.

Y no sólo Barros aparece en entredicho, sino que también el diputado gremialista Ignacio Urrutia, quien pese a tener una hermana vinculada al mundo vitivinícola, también votó en contra de quitar la publicidad del alcohol en eventos deportivos.

Además, el congresista oficialista votó la ley que regula la agricultura orgánica el 2005, pese a tener una plantación de frutas orgánicas en unas 100 hectáreas. Lo particular es que defendió a los pequeños productores, tal como él mismo.

El siguiente en salir a la luz, fue el senador Andrés Zaldívar, quien incluso fue denunciado en su oportunidad por el entonces diputado Nelson Ávila y el economista Marcel Claude. En la última y polémica votación de la Ley de Pesca, Andrés Zaldívar dio su aprobación a pesar de tener un hermano y un sobrino vinculados a Corpesca.

Consultado en la investigación el senador DC se defendió asegurando que el ya no posee acciones, agregando que en el caso de sus familiares sólo su sobrino tiene un cargo (es gerente), pero que en una posición de “tercer orden”.

LAS MEDIAGUAS DE SABAG

Otro de los puntos que dejó al descubierto el reportaje, involucra directamente al senador del Bío Bío Hosain Sabag, luego que sus hijos a través de la empresa Savi Ltda. vendieran unas 200 mediaguas al Estado un año después del 27F, en una acción que involucró a Jorge Sabag, también parlamentario por la zona.

Actualmente esas viviendas de emergencia -que costaron unos 900 mil pesos cada una, y que fueron recomendadas por el propio senador-, están emplazadas en el sector Los Lobos de Talcahuano, según consta en los registros de la Municipalidad porteña.

Al respecto, Sabag se defendió indicando que “estamos hablando de cosas ridículas en valores, son cosas mínimas, estamos hablando de pequeñeces (…) Están hilando demasiado fino ustedes”.

Pero no sólo Sabag fue uno de los parlamentarios del Bío Bío cuestionado en la investigación. Cargo Service Limitada se ahorra 22 millones de pesos en concepto de devolución de impuestos por el diesel que ocupan sus camiones, cuya dueña es la esposa del también diputado por el Bío Bío, Jorge Ulloa (UDI), quien en dos ocasiones votó a favor de este beneficio tributario al igual que Sabag, cuya familia también está involucrada en el negocio de los transportistas.

Por otro lado, el escándalo también salpica a la socialista Clemira Pacheco, cuyos hermanos figuran como dueños de un colegio de Coronel, que fue beneficiado con el proyecto que votó favorablemente en la Cámara Baja y que aumentó la subvención que el Estado otorga a los colegios como el que ella antes figuró como sostenedora. Gracias a esta legislación, sus familiares lograron recibir más de 325 millones de pesos desde 2008.

VACÍOS EN LA LEY

Sin embargo, vacíos en la ley permiten a los “honorables” queden sin sanción en el caso que se detecte un eventual conflicto de interés, a diferencia de otros países -como Estados Unidos- donde el castigo puede incluso llegar a la destitución del cargo.

Incluso, un proyecto que buscaba sancionar los conflictos de interés fue rechazado por los propios parlamentarios, sin que hasta la fecha exista alguna iniciativa que busque transparentar los intereses de los congresistas.

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