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Dirigentes nacionales de Anfur emplazan al Gobierno ante denuncias por caso Sename

Archivo | Pedro Cerda/Agencia UNO
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Con un fuerte rechazo a cómo se ha tratado el tema de las acusaciones de vulneración en los hogares de Sename, se manifestó la directiva nacional de la Asociación de Funcionarios Regionales de la entidad protectora de menores de edad.

Según acusan los trabajadores, las denuncias que han sido efectuadas en torno al tema se han realizado en base a una metodología que no es la correcta para tener un escenario real sobre lo que acontece.

En ese marco, los funcionarios públicos declaran haber dado a conocer en reiteradas ocasiones las situaciones que se han detectado en los hogares colaboradores, donde la falta de recursos es evidente.

El presidente nacional de la Asociación de Funcionarios Regionales de Sename, Luis Cortés, manifestó su molestia por el trato que han recibido sus colegas a partir de los acontecimientos, donde los trabajadores y sus familias se han visto afectados al ser tildados de abusadores sin tener antecedentes verídicos relacionados con lo que sucede.

El dirigente sindical emplazó al Estado a tomar postura sobre la situación y lamentó que los trabajadores hoy estén siendo perseguidos por situaciones que nacen sólo de la falta de recursos que mantiene la entidad.

A su vez, Cortés explicó que el Sename posee supervisores, pero no fiscalizadores, quienes deben enfrentar la misma precariedad en sus tareas; en Arica, señaló, existe un sólo supervisor para 19 programas de residencia, lo que deja ver las carencias del sistema.

Por su parte, Leonardo Comas -dirigente nacional de Anfur- señaló además que la discusión ha sido puesta incluso sobre manos de opinólogos que han denostado a los trabajadores y han dejado atrás la discusión de fondo, que nace de las políticas de protección a la infancia en el país.

El dirigente hizo un llamado para que sea el Estado quien se haga cargo del tema y entregue los recursos que sean necesarios. Comas indicó que el Gobierno conoce desde hace muchos años las informaciones que registran las precariedades del sistema y esperan que, tal y como los parlamentarios han alzado la voz, se tenga también la disposición para mejorar el nivel de intervención que los menores requieren, el cual además es un derecho básico de cada uno de ellos.

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