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Acusan a ex alcalde de Bulnes de extender certificados de inhabitabilidad a falsos afectados del 27F

Michael Millan (cc)
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El ex alcalde de Bulnes Rodrigo de la Puente, cuatro funcionarios municipales y un ex colaborador de la ex intendenta Jacqueline van Rysselberghe, serán formalizados por fraude al fisco por los certificados de inhabitabilidad extendidos a personas que no eran afectados por el terremoto, según información exclusiva de La Radio.

Los casos ocurrieron cuando Jacqueline Van Rysselberghe era intendenta del Bío Bío, y se entregaron certificados de inhabitabilidad para vecinos de Bulnes y otras comunas, como Cañete, Laja, Hualpén y en Concepción, en la población Aurora de Chile, incidente que terminó costándole el puesto a la ex autoridad debido a un polémico video.

En este caso, la investigación de dos años de la Fiscalía permitió acotar eventuales responsabilidades en seis personas. Ellos son el ex alcalde de Bulnes, Rodrigo de la Puente, independiente cercano a la Alianza, la ex administradora municipal Silvia Orrego, el actual director de Obras Municipales el arquitecto Carlos Rodríguez, la encargada de las EGIS municipal Nivia Jiménez y el inspector técnico de obras, Hugo Soto Barba.

Se agrega Luis Muñoz Carrasco, ex consultor y funcionario público de la Intendencia Regional del Bío Bío, de los llamados territoriales.

Todos ellos serán acusados de fraude al Fisco, y algunos serían también imputados de falsificación de instrumento público, por la eventual
responsabilidad que tendrían para favorecer a personas que no cumplían con los requisitos para ser beneficiarios de subsidios habitacionales, reservados exclusivamente para los damnificados del terremoto del 27 de febrero.

Los hechos ilícitos supuestamente cometidos por los imputados, se habrían registrado a fines del año 2010, pretendiendo con ello defraudar al Estado chileno en una millonaria cifra que será precisada por la fiscalía en la audiencia programa para este jueves en el Juzgado de Garantía de Bulnes.

Por este caso, el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte mediante una querella.

La investigación está cargo de los fiscales Pablo Fritz, fiscal jefe de Chillán, Paulina Valdebenito y Álvaro Serrano, quienes trabajaron junto a la brigada investigadora de delitos económicos de la PDI de Concepción.

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