Luego de que se diera a conocer el caso de ‘Belén’, la niña de 11 años que quedo embarazada tras ser violada por su padrastro, Amnistía Internacional hizo un llamado al gobierno chileno para que se le realice un aborto seguro a la menor.

La organización internacional además agregó que el gobierno chileno, debe cumplir con sus obligaciones a nivel mundial, asegurando que la menor reciba todo el apoyo disponible en materia psicológica y legal, “incluyendo las necesidades especiales que tiene al ser una niña, y la opción de servicios seguros, accesibles y legales de aborto”

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Guadalupe Marengo, también se refirió al tema reforzando la postura de Amnistía, indicando que ninguna víctima de violación debe ser sometida a más temor, muchos menos en el proceso de recuperación a nivel psicológica.

Marengo además agregó que “el Estado chileno es responsable de otorgarle a Belén todo el apoyo necesario, mientras lidia con las horrendas consecuencias físicas y sicológicas de haber sido violada y haber quedado embarazada como resultado”.

Cabe señalar que Amnistía Internacional tiene expertos de explican que el embarazo en niñas presenta riesgos específicos y consecuencias graves, es por esto el llamado hecho al gobierno para la realización de un aborto que pueda ayudar a la menor.

El embarazo de Belén se conoció la semana pasada a través de los medios de comunicación, luego de la detención del padrastro, de 32 años, quien confesó haber violado a la menor.

La abuela de la niña, que reside en Puerto Montt, denunció ante la justicia al padrastro cuando se percató del embarazo de la menor en un consultorio, a donde acudió por unos dolores de ovarios extraños de la niña.

El caso ha provocado polémica en nuestro país, conservador con alta influencia de la iglesia católica, y reabrió el debate de la legislación sobre el aborto en el país, uno de los seis en el mundo donde no está permitido en ninguna circunstancia.

El aborto terapéutico -en casos de inviabilidad del feto o de peligro de la vida de la madre- estuvo permitido hasta el año 1989, cuando la dictadura de Augusto Pinochet lo abolió.