En acuerdo quedó la apelación a través de la cual el Programa de Derechos Humanos y los querellantes en la causa buscan el procesamiento de ex uniformados por el homicidio del último intendente del gobierno de la unidad popular, Fernando Álvarez.
El ministro para violaciones de derechos humanos, Carlos Aldana, encausó hace dos semanas a José Puga, ex oficial de Ejército, y Sergio Arévalo, ex miembro de Carabineros, por el delito de torturas en contra del ex intendente Fernando Álvarez.
En su resolución el juez rechazó la solicitud del Programa de Derechos Humanos y de la familia de la ex autoridad de gobierno, que buscaban la imputación del delito de homicidio y pedía también procesamientos para otros dos ex oficiales de Carabineros, Roberto Ricotti y Fernando Pinares.
Por eso es que el abogado querellante, Adolfo Montiel, recurrió a la Corte de Apelaciones de Concepción, que escuchó sus alegatos antes de resolver la petición.
En igual sentido se pronunció ante la Segunda Sala la abogada Patricia Parra, del Programa de Derechos Humanos, con la diferencia de que busca procesamientos por torturas con resultado de muerte, una figura diferente al homicidio.
Para el abogado y presidente regional del Partido Comunista, Iván Quintana, quien estuvo detenido junto a Álvarez tras el golpe militar de 1973, fueron los apremios ilegítimos los que causaron la muerte de la ex autoridad.
Los ministros del tribunal de alzada dejaron en acuerdo el fallo por las apelaciones al igual que la consulta por la libertad bajo fianza otorgada por el juez Aldana a José Puga, detenido hasta ahora en el Regimiento Chacabuco.
