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Organizaciones de DDHH exigen al gobierno de Perú aprobar ley contra la tortura

staypuftman (CC)
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Organizaciones de defensa de los derechos humanos y víctimas de maltratos en comisarías y cuarteles de Perú exigieron al gobierno aprobar el Mecanismo de Prevención contra la Tortura que, según denunciaron, permanece “estancado” desde hace más de seis años.

El gobierno de Perú firmó en 2006 el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura, “pero pese a que el gobierno está obligado a ponerlo en práctica, el proyecto de ley permanece estancado en el Ejecutivo”, informó Carlos Jibaja, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

La tortura sigue siendo un problema en Perú, subrayó Jibaja en rueda de prensa, precisando que en 2011 la Defensoría del Pueblo recibió 62 denuncias de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, mientras que entre 1998 y 2010 se reportaron 640 denuncias.

“Esta práctica se ejerce en comisarias, cuarteles y en los centros penitenciarios”, puntualizó.

Mencionó además estadísticas del Instituto de Medicina Legal, que reportó 339 casos de posibles torturas en 2009 y otros 144 casos en 2010.

“Esas son cifras oficiales, pero sabemos de numerosos casos no reportados de personas que no hacen las denuncias por desconfianza en las autoridades judiciales”, dijo, al sostener que “Perú siempre está presto para firmar convenios internacionales, pero no para ponerlos en ejecución”.

Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora de Derechos Humanos, que reúne a 81 instituciones humanitarias, consideró “inaceptable” la demora en la aprobación del mecanismo para prevenir la tortura.

El organismo presentó casos emblemáticos de personas que sufrieron torturas, como el del homosexual Luis Alberto Rojas Marín, de 26 años, torturado y violado por tres policías dentro de una comisaría.

El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha pedido explicaciones a Perú luego de que las autoridades judiciales archivaran el caso.

Marco Aurelio Falla describió el caso de su hijo Gerson, que hace tres años fue torturado hasta la muerte en una comisaría por nueve policías, al ser confundido con un delincuente.

“Pese a los evidentes signos de tortura que presentaba el cuerpo de mi hijo, las autoridades dijeron en un inicio que había muerte de cáncer”, señaló, afirmando que los culpables fueron condenados tras un largo proceso y por presión de la familia y la opinión pública.

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