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Instituto DDHH se querelló por presunta tortura a joven detenido por PDI tras marcha estudiantil

Jose Francisco Zuniga Urbina | Agencia UNO
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El Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó este viernes una acción legal contra quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de la supuesta tortura sufrida por César Reyes, tras la movilización estudiantil del 8 de mayo.

Recordemos que este caso ha motivado incluso manifestaciones de alumnos secundarios y universitarios en las afueras de uno de los cuarteles de la Policía de Investigaciones en Santiago.

A través de un comunicado, el organismo confirmó el requerimiento judicial, añadiendo que este surge luego de la denuncia hecha por el joven del Liceo Manuel Borgoño, de lesiones e irregularidades durante su detención llevada a cabo por funcionarios de la PDI de civil.

“Lo ingresaron a un vehículo, sin indicarle sus derechos, propinándole golpes, vendándole los ojos, trasladándolo a un auto de vidrios polarizados y obligándolo a declarar sin la presencia de un abogado o adulto responsable, además de instarlo a abrir su cuenta de Facebook para recoger información”, indica la misiva.

Además, el escrito del INDH señala que el joven constató lesiones serias y que inclusive perdió parte de una de sus piezas dentales, como también que se le mantuvo desnudo por un largo lapso y no se dio aviso a sus padres de la detención.

Vale decir, que la querella también expresa que tras la denuncia criminal de Reyes ante la fiscalía centro Norte, en medio de la audiencia del caso el juez Fernando Guzmán criticó el procedimiento policial asegurando que “todo el trauma provocado, con las lesiones, sin recibir la atención médica oportuna, sin estar con sus familiares, sin poder pasar el trauma (…) Independientemente de que el sujeto cometió aparentemente el ilícito, cosa que no cuestiono, pero métodos cercanos a una dictadura, simplemente me cuesta calificarlo”.

Finalmente, la directora de la entidad que vela por los Derechos Humanos, Lorena Fries, reiteró que “nadie discute el deber de las policías de custodiar el orden público o la comisión de delitos, pero en ningún caso ello justifica las características de tortura en el caso de César Reyes, además de la serie de irregularidades en su detención, que nos hace recordar los peores métodos de la dictadura, y que no podemos permitirnos como sociedad”.

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