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Tres plantas desaladoras entrarán en ejecución en el corto plazo en Atacama y sólo para mineras

Archivo | Mike Baird (cc)
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Las plantas desaladoras han sido planteadas como una de las mejores soluciones a la crisis hídrica que sufre Atacama. Pero la realidad habla de que son apenas 3 las plantas de este tipo que están esperando ponerse en ejecución en la región en el corto plazo, y estarán destinadas a solventar faenas mineras.

Las plantas corresponden a la minera Candelaria, operada por la estadounidense Freeport McMoran Copper & Gold y que se emplaza en Punta Padrones en Caldera, mientras que en Toralillo se instalará otra planta que construye CAP en conjunto con la empresa japonesa Mitsubishi.

Por otro lado, se cuenta una planta que es propiedad de Anglo American, que servirá de abastecimiento para la mina Mantoverde. Esta obra se construye al sur de Chañaral, en la Bahía Corral de los Chanchos.

Esta situación ha provocado preocupación ante una eventual carencia de agua para el consumo humano.

Al respecto, Camilo Pratts, delegado de la Facultad de arquitectura de la Universidad de Chile y quien lidera un estudio que pretende resolver el tema de la distribución de aguas en Atacama, el tema debe centrarse en la necesidad de una estrategia unificada de desalinización, cosa que hoy no existe.

Recién este año la DGA entregó los resultados de un estudio encargado a científicos australianos, en donde se determinó la necesidad de un criterio unificado para tratar la falta de agua en la cuenca del Río Copiapó, que debería consensuarse durante este año.

En este contexto es que reflotó la idea de instalar plantas desaladoras para consumo humano, aspecto que podría permitir un crecimiento demográfico mayor en región de Atacama y cambiar la distribución de las ciudades y la población.

Uno de los aspectos que más preocupa a la población es el costo del proceso de desalar el agua de mar. Según estimaciones de la empresa sanitaria de la zona, una planta requiere una inversión de 21 mil millones de pesos con costos operacionales que llegan a los 3.500 millones anuales, siendo el 70% de estos costos por concepto de energía.

Para Jorge Godoy, vocero de la Coordinadora Regional por la Defensa del Agua, este elevado costo se traspasaría a la población.

Por ahora, una de las principales alternativas a la inyección de agua en la provincia de Copiapó era la Planta Desaladora para el Valle de Copiapó, la cual se instalaría en el sector de Puerto Viejo, pero que fue rechazada en por el Servicio de Evaluación Ambiental.

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