La Corte de Apelaciones de Santiago declaró ilegal la detención de los 17 ciudadanos extranjeros que permanecían en mala condiciones en un cuartel de la Policía de Investigaciones. Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras el diputado de la UDI, Felipe Salaberry, consideró que se deben corregir los errores de procedimiento, el senador socialista Juan Pablo Letelier señaló que el Estado debe hacerse responsable de sus errores.
Los 17 ciudadanos extranjeros que fueron detenidos por hasta 22 días en el Cuartel Borgoño de la PDI fueron puestos en libertad. Esto, pues la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago declaró en forma unánime la ilegalidad de sus detenciones.
Las personas estaban detenidas por diversos delitos, y las detenciones se efectuaron ante el proceso de expulsión del país. Pese a ello, la Novena Sala decretó que no había motivo para mantenerlos por tanto tiempo, en circunstancias que el procedimiento normal fija un plazo máximo de 24 horas.
A esto se le suma la inexistencia de una órden judicial, y que las dependencias donde estuvieron eran celdas de un cuartel, las cuales fueron descritas por los detenidos como poco dignas.
Ante esto, Letelier recalcó fueron detenidos en un lugar no apto para ese plazo, siendo necesaria una investigación del hecho ya que, según considera, el Estado debe hacerse cargo de sus errores.
Para el Diputado de la UDI, Felipe Salaberry, si bien lamenta el hecho lo considera como una serie de errores administrativos que llevaron a que un tribunal decretara la libertad de personas que debían ser expulsadas de Chile. Por lo mismo, cree que es necesario evitar que episodios como éstos se repitan.
Desde el Gobierno el Ministro del Interior, Andrés Chadwick, indicó que entienden el fallo de la Corte de Apelaciones. Por lo mismo, señaló que se reunirán con los altos mandos de la PDI para afinar los protocolos con respecto a los decretos de expulsión.
