Este domingo se cumplirán tres años de la muerte de un hombre de 45 años, asesinado presuntamente por cinco integrantes del destacamento de Infantería de Marina número 3 “Sargento Aldea” de Talcahuano, durante el toque de queda que regía tras el terremoto. Mientras la justicia naval aún no emite sentencia, el abogado de la familia de la víctima anunció que presentarán acciones civiles contra el Fisco en mayo.
Cuando despuntaba el 10 de marzo de 2010, en la cancha de la población El Triángulo de Hualpén, apareció sin vida el maltratado cuerpo de Daniel David Riquelme Ruiz, de 45 años, recolector de cartones que padecía de epilepsia. Su amigo, Iván Rojas, sostuvo que, vulnerando el toque de queda, salieron por cigarrillos cuando los interceptó una patrulla militar cuyos cinco integrantes los golpearon con brutalidad, primero en la calle y, luego, aparentemente, en Lenga, hasta donde los llevaron con la vista vendada.
La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones y el informe del Servicio Médico Legal revelaron que murió por contusiones múltiples ocasionadas con objetos contundentes, compatibles con culatas de fusiles y con los bototos de los uniformados. Estos fueron procesados por el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte y lesiones graves.
Para Javier Ahumada, abogado de la familia del fallecido, la responsabilidad es tan clara que la tardanza de la justicia naval es incomprensible, más allá de las maniobras dilatorias de la defensa de los acusados. El fiscal naval cerró el sumario y ahora está en manos del auditor naval.
A esta altura, Ahumada expresa sus sospechas considerando que, en marzo de 2014, se cumplirán los cuatro años que por ley se otorgan para iniciar acciones civiles.
La demanda apuntará al Fisco, y Ahumada también cree que la condición humilde de la víctima fatal conspira contra la aplicación de justicia.
En septiembre de 2012, la madre del fallecido, con quien él vivía, murió esperando justicia, o al menos una señal de que a la Armada le importaba el rol cumplido por sus efectivos.
Los inculpados son los sargento segundo Jorge Elgorriaga Lavín y Cristian Martínez Flores; el cabo José Caamaño Sepúlveda; y los soldados Omar Valdebenito Navarrete y soldado Esteban Muñoz, quienes niegan las imputaciones y se encuentran en libertad.
Esther Riquelme | Pedro Cid (RBB)
