El gobierno español anunció este viernes la adopción de un nuevo proyecto de ley antidopaje con el objetivo de armonizar la legislación del país, candidato a organizar los Juegos Olímpicos de 2020, con el código mundial en la lucha contra el dopaje.
Este anuncio se produce a escasos días de la visita (del 18 al 21 de marzo) de la comisión de evaluación del Comité Olímpico Internacional (COI) a Madrid para valorar la candidatura de la capital española a los Juegos de 2020 y en pleno proceso de la Operación Puerto contra una amplia red de dopaje, que hasta ahora sólo ha originado un puñado de sanciones deportivas.
Aunque no haya sido elaborado expresamente para ello, este texto “sin duda va a ayudar” a la candidatura de Madrid-2020, admitió el ministro de Deportes José Ignacio Wert, en conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros.
Este “proyecto de ley orgánica de protección de la salud del deportista y de la lucha contra el dopaje en la actividad deportiva” es “mucho más amplio que la anterior regulación”, aprobada en 2006, destacó la portavoz del gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.
La futura ley, cuya aprobación está garantizada por la mayoría absoluta que tiene el gubernamental Partido Popular (conservador) en el Congreso de los Diputados “tiene como objetivo fundamental una protección integral de la salud de los deportistas, así como incrementar la lucha contra el dopaje y la independencia de la actividad de la agencia dedicada a este fin”, explicó la portavoz gubernamental.
Este nuevo texto dota de más competencias a la Agencia Estatal Antidopaje (AEA) de España y autoriza los controles excepcionales entre las 23H00 y las 06H00, aunque deberán estar justificados.
“Se crea una agencia de protección de la salud en el deporte que sustituirá a la actual Agencia Antidopaje y que permitirá adaptar nuestra legislación al código mundial antidopaje”, reiteró Sáenz de Santamaría.
Al contrario que en otros países, el texto no reconocerá el consumo de sustancias dopantes como un delito, aunque aumentará las sanciones económicas (hasta 400.000 euros) y prevé la creación de un Tribunal de Arbitraje del Deporte que sustituirá al actual Comité Español de Disciplina Deportiva, con una sección especializada en la lucha contra el dopaje.
“Las exigencias del código antidopaje mundial son más severas que las de la ley 2006″, dijo Wert para justificar la nueva legislación.
España aprobó una primera ley antidopaje a finales de 2006, poco después de estallar la Operación Puerto, en la que la Guardia Civil desmanteló una vasta red de dopaje sanguíneo en la que se vieron implicados varios deportistas españoles e internacionales, especialmente ciclistas.
Siete años después, el pasado 28 de enero, se abrió en Madrid el juicio por este caso, aunque los acusados (el médico Eufemiano Fuentes, presunto cabecilla de la red, su hermana Yolanda, también doctora y los exdirectores deportivos ciclistas Manuel Saiz, Vicente Belda y José Ignacio Labarta) están siendo juzgados por un “delito contra la salud pública” y no por incitación al dopaje, ya que este delito no existía en la época de los hechos.
