La Corte de Apelaciones de Valdivia dejó en tabla para este jueves los alegatos del recurso de amparo en contra de Gendarmería de Chile, interpuesto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos por presuntos vejámenes en contra de presos de la cárcel concesionada Llancahue.

La información la confirmó a Radio Bío Bío la vocera del Tribunal de Alzada, ministra Emma Díaz, quien manifestó que la causa quedó en la Primera Sala después de recibidos los informes periciales solicitados por la Justicia, para las alegaciones de los hechos ocurridos el cinco de enero de este año.

En la ocasión, reos de alta peligrosidad del módulo 31 del penal habrían sido agredidos luego de producido un amago de incendio en una de las celdas en protesta por situaciones vejatorias anteriores, según consigna el recurso de amparo interpuesto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Durante este tiempo fueron practicadas distintas diligencias a cargo del ministro en visita Darío Carreta, como entrevistas a los presos del módulo en cuestión. A ello se suma la realización de exámenes del Servicio Médico Legal, bajo el protocolo de Estambul, en el que se aplicó una técnica especial para determinar si los pacientes fueron o no sometidos a tortura.

Esto porque uno de los presos habría sufrido la mordedura de un perro a cargo de un gendarme, sin recibir la atención adecuada, mientras que otro fue enviado al hospital donde llegó orinando sangre, aparentemente por golpes recibido. En el recinto de salud se le constató un traumatismo renal.

La ministra Emma Díaz señaló que este jueves la causa podría ser alegada o no, lo que se conocerá sólo antes de las 09:00 horas.

Según las pericias realizadas bajo el protocolo de Estambul, en los dos casos mencionados existe concordancia entre los hallazgos de exámenes físicos y las alegaciones de malos tratos. Mientras, en otros también existe concordancia entre la historia relatada de malos tratos y los síntomas, pero no existe concordancia entre la historia y el examen físico practicado, dado principalmente por el tiempo transcurrido entre los hechos y la realización del peritaje que, en algunos casos, supera los 13 días de diferencia.

Los alegatos por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos debieran enfocarse en acusar la vulneración de libertades y derechos de los presos del módulo 31 por parte de gendarmes, mientras que el organismo carcelario sostendrá que sus procedimientos se ajustaron a derecho sin incurrir en irregularidades, como manifestaron en su respuesta por escrito al recurso de amparo dirigido en su contra.