El subsecretario de Justicia, Juan Ignacio Piña, de visita en Puerto Montt, señaló que el Gobierno espera que el actual Código Penal no cumpla 140 años de vigencia, lo que sucedería el próximo año. Para eso, incluirán a agrupaciones de la sociedad civil, víctimas de delitos violentos para reformar la normativa.

El pasado 4 de febrero dos integrantes de la Agrupación de Familiares de Víctimas de Delitos Violentos de la región de Los Lagos se encadenaron en el frontis de la Intendencia Regional, acusando que el Gobierno no consideraba las propuestas emanadas desde las regiones para modificar la reforma procesal penal y, en particular, el código penal.

El vocero de la agrupación Ramón González señaló que el Gobierno reacciona con premura ante de casos judiciales ocurridos en la región Metropolitana, como el caso Zamudio o el de un barrista de Colo Colo asesinado, dejando en un segundo plano lo que ocurre en el resto del país.

Lo que busca este tipo de agrupaciones, es que en la discusión para reformar el Código Penal se incluya el dolor de las familias, que tras perder a un ser querido deben lidiar con juicios, los que muchas veces terminan con condenas bajas, apuntando por ello al actual código penal que requiere de una urgente actualización, según expresó el vocero.

Por estos motivos durante la mañana de este jueves, el subsecretario de Justicia, Juan Ignacio Piña, se reunió en el edificio del Gobierno Regional en Puerto Montt con miembros de la Agrupación de Familiares de Víctimas de Delitos Violentos de la región de Los Lagos,

La reunión de 60 minutos fue catalogada por el subsecretario como “muy interesante”, y además reconoció que el actual Código Penal no está acorde a los tiempos modernos y señaló que a partir de marzo se reunirán, con agrupaciones de todo el país para atender sus propuestas a la reforma.

La instancia de discusión normativa se extenderá durante el presente año, estimándose para 2014 la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, que promete condenas mucho más duras para los autores de delitos de alta connotación social.