El desalojo de la cárcel venezolana de Uribana, donde el viernes un motín dejó 61 muertos, según fuentes hospitalarias, concluyó este domingo, mientras algunos familiares se preguntaban todavía sobre la suerte de algunos presos.

“Concluye desalojo de los privados de libertad de la Cárcel de Uribana! Ahora a la reconstrucción!”, escribió en su cuenta en Twitter la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, que aún no ha dado un parte oficial de las víctimas del motín.

“En el penal no hay nadie”, confirmó a la AFP el pastor evangélico Santiago Travieso, que colaboró en el proceso de desalojo durante la noche dialogando con los reos.

En las afueras de la cárcel, ubicada en el estado Lara, los reos gritaban desde los autobuses el nombre de las prisiones adonde eran trasladados, mientras sus familiares los seguían con la mirada angustiados, agitando los brazos.

“Mi hermano va para Guanare (noroeste). No es igual que tenerlo cerca, pero donde vaya él, con la lucha iré”, dijo a la AFP Carmen Escalona. Su hermano José, de 32 años, está preso desde hace cuatro años por estar junto a un amigo que robó a un taxista, según dijo.

A esa angustia se sumaba la de otras personas que aún no saben qué pasó con sus familiares presos.

“Mi hijo (Henry, de 24 años) está desaparecido desde el viernes. Aparece (en las listas) como herido. Lo he buscado” en vano, gritaba agitada Mariela Torrealba. “Es una angustia desesperante”, sollozaba.

Varela informó el sábado de la decisión de desalojar totalmente el penal de Uribana, una operación que finalmente ocurrió en la madrugada de este domingo “tranquilamente” y bajo la supervisión del Ministerio Público.

“Les hacemos un chequeo corporal, su revisión (…) y determinamos hacia qué penales ellos quieren ir”, explicó Varela en la madrugada en la televisora estatal VTV, detallando que ahora se hará “una requisa profunda” en el centro, antes de repararlo para volver a alojar presos.

El viernes, una inspección en busca de armas en Uribana provocó un motín de un grupo de presos armados, que “arremetieron contra los efectivos de la Guardia Nacional”, explicó la ministra.

Entre las víctimas que llegaron al Hospital Central Antonio María Penida, en Barquisimeto, hay 61 fallecidos y unos 120 heridos, de los cuales 90 fueron dados de alta, informó el sábado a la AFP el director del centro, Ruy Medina, que atendió la emergencia. El resto de heridos evoluciona favorablemente, apuntó.

Varela se negó el sábado a dar un balance oficial para no entrar “en un torneo” de cifras.

El gobernador de Lara, el opositor Henri Falcón, dijo en una rueda de prensa este domingo junto a Medina que las autoridades regionales dejarán de dar datos sobre las víctimas del motín para “no entorpecer” en las investigaciones y porque es “materia estrictamente” del ministerio.

Uno de los motines más violentos de las últimas décadas

El canciller venezolano, Elías Jaua, lamentó desde Chile -donde participa en la cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE)- las muertes en el motín de Uribana, uno de los episodios más violentos de las últimas décadas en los penales del país.

El gobierno está obligado, primero, “a investigar, y segundo, a seguir profundizando la transformación del sistema penitenciario”, destacó al canal estatal VTV.

La oposición y organizaciones no gubernamentales criticaron la forma en que se llevó a cabo la requisa, denunciando el “uso desproporcionado de la fuerza”, así como la gestión del ministerio de Asuntos Penitenciarios, creado a mediados de 2011 para atajar la violencia y hacinamiento en las cárceles venezolanas.

Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), la cárcel de Uribana tiene una capacidad para 850 reos, pero albergaba a unos 2.500. Además se halla bajo medidas provisionales de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 2007, que establecen que las autoridades deben velar por evitar la pérdida de vidas en su interior.

Las cárceles venezolanas sufren problemas de insalubridad, hacinamiento y violencia, y en muchos casos son controladas por bandas de reclusos fuertemente armados, que constantemente generan enfrentamientos internos.

En agosto del año pasado, al menos 25 personas fallecieron en un enfrentamiento entre bandas en la cárcel de Yare I, cerca de Caracas. En junio de 2011, un motín en el Rodeo, también cerca de la capital, dejó una treintena de muertos.

Según activistas de derechos humanos, en 2011 más de 500 reclusos perdieron la vida, mientras el OVP tiene previsto publicar los datos de 2012 la semana próxima.

El gobierno, por su parte, no difunde informes sobre la situación en las cárceles y la mayoría de sucesos violentos no son confirmados oficialmente.

Según cifras oficiales, hay casi 50.000 reclusos en Venezuela pero la infraestructura carcelaria sólo tiene capacidad para unos 14.000.