El ministro en visita Manuel Valderrama, aplicó la prescripción en una de las aristas del caso Riggs para sobreseer definitivamente la investigación que buscaba determinar si el tráfico de armas fue uno de los métodos para que el fallecido general Augusto Pinochet, incrementara su fortuna a US$21 millones.

La causa se abrió en Chile tras el informe de una subcomisión del Senado de los Estados Unidos, que indagó una serie de cuentas corrientes secretas en el Banco Riggs de Washington y Miami.

Sobre los fondos del fallecido general luego del informe del 3 de agosto de 2009, el juez Valderrama procesó en calidad de autores del delito de malversación de caudales públicos al ex director de Famae, Luis Iracabal y al ingeniero y brigadier en retiro Gustavo Latorre Vásquez, por la compra de tanques Leopard en 1998, quienes ahora quedaron absueltos de dichos cargos.

El magistrado procesó a los otrora uniformados por recibir 300 mil dólares en coimas cada uno por la adquisición de las 202 máquinas de guerra a Holanda y en su momento dictó orden de aprehensión a los inculpados.

Según los antecedentes, durante la venta de los tanques, la empresa intermediaria del negocio, RDM Technology, pagó 7,5 millones de dólares; es decir, el 14 por ciento de los 53,7 millones del valor de la exportación a altos mandos del Ejército.

El caso estaba siendo investigado desde 2004, cuando el ministro Sergio Muñoz, quien indagaba el origen de la fortuna del fallecido dictador Augusto Pinochet, descubrió el pago de estas comisiones a través de una serie de requerimientos de información a diversos países sobre las cuentas del general Pinochet y su ex albacea Oscar Aitken.

El año 2005, en tanto, la empresa holandesa confirmó públicamente que pagó 1,6 millones a una sociedad representada por Aitken, quien entregó los 300 mil dólares a los procesados.

El abogado del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Reyes señaló que “estudiaremos la resolución del ministro a modo de fijar si apelamos a esta decisión, ya que el ex secretario de Estado, estableció que habían trascurridos los diez años desde la ocurrencia de los hechos para poder sancionar a los responsables de los delitos descubiertos en esta indagatoria”, dijo el jurista al comentar el sobreseimiento por prescripción.