Acompañados por el ex alcalde Eduardo Aguilera, una decena de funcionarios municipales de Tomé llegaron a Contraloría para denunciar despidos que consideran fuera del marco de la legalidad.

Un escenario conocido, cambio de administración comunal y despidos que los afectados critican porque responden a colores políticos y no a desempeño. Caso que se repite en Tomé, donde 11 trabajadores registran cese de contratos y cuyos antecedentes hicieron llegar a Contraloría.

El caso de la comuna es particular a raíz de la pugna interna que protagonizó su alcalde saliente Eduardo Aguilera, con su propio partido político, la Democracia Cristiana, al que terminó renunciando por no priorizarlo como carta municipal y propiciando la candidatura de la ahora alcaldesa, Ivonne Rivas.

Aguilera aseguró que su personal de confianza se fue junto con él de la administración, por lo que el resto de los funcionarios desvinculados no tiene sentido.

La prevencionista de riesgos, Roxana Avendaño, comentó que su despido fue informal y que responde a la cercanía con el alcalde saliente, pero diferencia ese plano con el laboral, por lo que no justifica su salida.

Otro caso es el de Judith Sanhueza, secretaria de la administración y el gabinete del municipio, que tras 10 años de desempeño quedó ahora marginada, criticando la forma de comunicar la desvinculación, dejándola de brazos cruzados.

Otros casos que analiza a la fecha Contraloría, por la misma denuncia, tiene relación con las comunas de Chiguayante y Penco, ambas que cambiaron al alcalde de turno.