Sorpresa causó en los padres de una menor abusada sexualmente en Lebu, en 2005, el beneficio de la libertad condicional otorgada al hombre condenado por ese delito, y del que fueron víctima otros cuatro menores. Carlos Monsalve Arias, auxiliar de un jardín de la Junji al momento de los hechos, dejó la cárcel tras cumplir más de la mitad de la pena decretada por la justicia. En un infructuoso intento por revocar la medida, la pareja acudió a la Fiscalía y la Corte de Apelaciones de Concepción.
Carlos Monsalve Arias tenía 37 años cuando fue detenido hace siete años, sospechoso de aprovecharse de su cargo como auxiliar del jardin infantil Boca Lebu para ultrajar a menores de edad que asistían al establecimiento educacional.
La Fiscalía investigó una docena de denuncias, logrando que el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete condenara al hombre a 10 años y 1 día de prisión por cinco delitos reiterados de abuso sexual. Tras cumplir dos tercios de la pena, a sus 44 años, Monsalve recuperó su libertad, en el marco del beneficio que por primera vez entregó por sí solo el Poder Judicial.
Sorpresa, primero. Indignación y temor después. Eso es lo que sintieron Luis Catalán y su esposa al enterarse de que el hombre acusado de abusar de su hija recorre nuevamente las calles de la comuna, luego de acceder a la libertad condicional otorgada por la Corte de Apelaciones de Concepción.
Catalán calificó como mala señala la que da la justicia al beneficiar a quienes perpetran delitos tan grave como los abusos de menores.
Para el progenitor, que tras la devastadora situación decidió emigrar con su familia desde Lebu, los menores de esa comuna vuelven hoy a estar en peligro con Monsalve en libertad.
La normativa que rige actualmente la libertad condicional conlleva para los beneficiados restricciones mínimas como la firma semanal y la prohibición de abandonar la comuna de residencia.
Alejandro Espinoza, abogado director de la Fundación Amparo y Justicia que persigue a los responsables de delitos sexuales contra menores, señaló que existe una iniciativa legal que haría más difícil el beneficio para crímenes graves.
Pero para el abogado Espinoza, el acento en este tema también debe ser puesto en la rehabilitación, proponiendo que esa tarea sea entregada a un ente distinto a Gendarmería, que -dijo- sólo debe abocarse a su labor de custodio y vigilancia de los presos.
Hasta mediados de este año, era el Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, el que entregaba la libertad condicional a quienes postulaban. Una modificación legal dejó esa responsabilidad en un Comité de Jueces que funciona en cada Corte de Apelaciones del país.
Por eso es que Luis Catalán concurrió hasta el máximo tribunal de Concepción, donde se le informó que el beneficio a Carlos Monsalve era irrevocable.
