Partidarios y adversarios del presidente egipcio Mohamed Mursi se manifestaban este martes, vigilados por el ejército, al que el mandatario otorgó el lunes poderes policiales hasta el controvertido referendo constitucional previsto el sábado.
Dos coaliciones rivales llamaron a manifestarse, una islamista, que apoya el referendo, y otra liberal y de izquierda que exige la anulación de esta consulta electoral, en medio de la peor crisis política en Egipto desde la elección a la presidencia de Mursi.
Un decreto presidencial del 22 de noviembre ampliando los poderes del mandatario provocó una ola de protestas y manifestaciones en el país, antes de ser anulado. Actualmente, los manifestantes expresan su apoyo o su rechazo al referendo. El miércoles 5 de diciembre, enfrentamientos entre partidarios y adversarios de Mursi dejaron siete muertos en la capital.
La coalición de partidos y movimientos islamistas que incluye a los influyentes Hermanos Musulmanes se congregará a menos de 2 km del palacio presidencial. En cambio, la principal fuerza salafista, el partido Al Nur, llamó a no manifestarse para evitar aumentar la tensión.
La oposición, incluyendo al Frente de Salvación Nacional (FSN) que preside Mohamed ElBaradei, ex director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), tiene previsto salir a partir de las 14H00 horas de la plaza Tahrir, en el centro de El Cairo, y dirigirse hacia la zona del palacio presidencial, en los suburbios de la capital.
“Martes decisivo”, titulaba el diario gubernamental Al Joumhouria, que también se refería a “un nuevo pulso antes del referendo”.
Mursi otorgó el lunes poderes policiales al ejército, incluyendo la facultad de arrestar civiles, hasta el anuncio el sábado del resultado del referéndum constitucional sobre un polémico proyecto de Constitución que divide al país.
Con este decreto, el ejército tiene la autoridad para arrestar civiles, una prerrogativa muy criticada durante el periodo en que los militares dirigieron el país tras la caída de Hosni Mubarak en febrero de 2011 y hasta la elección de Mursi en junio de 2012.
La organización de defensa de los derechos humanos, Human Rights Watch, con sede en Nueva York, recalcó que durante esta transición dirigida por los militares hubo “un uso excesivo de la fuerza, torturas y agresiones sexuales” llevadas a cabo por las fuerzas armadas.
Amnistía Internacional, denunció “una peligrosa falla que podría hacer que se procesen a civiles en tribunales militares”.
Desde el jueves los tanques y las fuerzas armadas están desplegados en los alrededores del palacio presidencial en El Cairo pero no han tomado hasta ahora ninguna acción contra los miles de manifestantes en el lugar.
A pesar de las protestas, Mursi decidió seguir adelante con el referéndum, que según el presidente es la garantía para seguir con la transición política tras los 30 años de régimen autocrático de Mubarak.
En los últimos días los manifestantes opositores no sólo pidieron la anulación del decreto y del referéndum, sino también la dimisión del presidente.
Si el proyecto de Constitución fuera rechazado, Mursi prometió un nuevo borrador elaborado por 100 personas que serían elegidas directamente por el pueblo y no entre los miembros del Parlamento, dominado por los islamistas.
Como un signo adicional del tenso clima social y político, Mursi suspendió el alza de impuestos a los productos de base (acero y cemento) y de consumo masivo (cigarrillos y bebidas no alcoholizadas), a la espera de la conclusión de un “diálogo” sobre sus efectos en la población.
