Diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados rechazaron el anuncio de Bolivia de realizar dos proyectos en los que se usará hasta un 40 por ciento de las aguas del río Silala, las que cruzan la frontera hacia Chile.
Afirmaron que la actitud de Evo Morales sólo intenta provocar al Gobierno chileno con la finalidad de presionar por una salida soberana al mar.
Las relaciones entre Chile y Bolivia atraviesan por una nueva tensión luego que el Gobierno de Evo Morales anunció que realizará la construcción de DOS PROYECTOS – una represa y una embotelladora – que tendrán como efecto disminuir el flujo de agua del río Silala que llega hasta Chile.
Durante la semana las diplomacias de ambos países se refirieron al tema. El ministerio de Relaciones Exteriores aseveró que espera recibir la información formal que requirió a Bolivia hace algunas semanas, solicitando precisiones sobre dicho proyecto en el Silala.
A su vez, el vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera, aseveró que en el momento en que las aguas pasan la frontera, ahí hay que dialogar, pero en tanto a las aguas que están en su territorio lo que hagan con esas aguas no es de incumbencia de Chile sino de los bolivianos.
Situación que causó el rechazo entre los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.
El presidente de esta instancia, el diputado PPD Jorge Tarud, expresó que Bolivia con esta actitud se pone al margen del derecho internacional y no respetaría las convenciones de Naciones Unidas sobre los derechos que tienen los países agua abajo, por lo tanto están procediendo de forma ilegal.
Postura que es compartida por el diputado de la UDI, Iván Moreira, quien aseveró que el Gobierno chileno debe actuar con prudencia pero con mucha firmeza frente a esta situación.
Ambos parlamentarios también plantearon su preocupación frente al anuncio del Gobierno de Ollanta Humala de declarar como secretas las compras de armas, ya que coincidieron en que Chile ha hecho precisamente lo contrario, donde el financiamiento y compras de armamento que nuestro país deben ser aprobadas por el Congreso.
