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Ultracatólicos argentinos impiden aborto a mujer violada cuando estaba ya en el quirófano

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Una mujer argentina que fue secuestrada, violada y obligada a prostituirse, tras lo cual quedó embarazada, se ha convertido en el ojo del huracán luego de que un grupo de católicos ultraconsevadores irrumpieron en el hospital y paralizaron la autorización para realizarse un aborto cuando se encontraba ya en el quirófano.

Se trata de una mujer de 32 años que fue secuestrada el 28 de junio pasado, para luego trasladarla a la Patagonia, donde fue obligada a prostituirse en una red de trata de blancas. La víctima logró escapar pero descubrió que había quedado embarazada, por lo que solicitó a Tribunales realizarse un aborto, a la luz de la nueva legislación trasandina que permite a cualquier mujer que sea violada, terminar con una gestación si así lo requiere.

Sin embargo el alcalde de Buenos Aires, el conservador Mauricio Macri, reveló a los medios tanto el día como el hospital donde se llevaría a cabo la interrupción del embarazo, posibilitando que un grupo ultracatólico irrumpiera en el recinto asistencial con una orden judicial que paralizaba el procedimiento.

El grupo es la asociación Pro Familia, quienes luego de que un juez porteño denegara su petición, lograron a último minuto que una jueza federal, Miriam Rustán de Estrada, frenara la realización del aborto.

Con la orden en mano y guiados por el propio sacerdote capellán del hospital Ramos Mejía, los activistas de Pro Familia llegaron hasta la propia habitación de la paciente.

La insólita situación derivó en problemas adicionales para la víctima, la que había logrado mantener el anonimato y ocultar a su familia el embarazado no deseado, ambas intenciones frustradas tras la acción del Alcalde.

“Fue un desastre. El daño psicológico y moral que le están provocando a mi cliente es inmenso. Hay una cadena de responsabilidades y la hemos denunciado ante la justicia. La primera irresponsabilidad la cometió el alcalde, que para justificar el veto a la ley hizo público los datos del primer aborto no punible, y así incumplió los deberes de funcionario público. El director del hospital también los incumplió porque, ante las amenazas de Pro Familia, dio los datos de la paciente o permitió que se filtraran. La juez ha sido igualmente denunciada por prevaricación (al haber dictado presumiblemente una sentencia arbitraria a sabiendas de que lo es) y la asociación Pro Familia, por las amenazas contra la paciente cuando entraron en su habitación”, dijo al diario El País el abogado de la mujer, Carlos Lucero Paz.

Pese al altercado, la Corte Suprema de Argentina autorizó nuevamente la operación, que se realizará en los próximos días, junto con insistir en que este tipo de casos ni siquiera requiere autorización judicial.

Esto porque si bien desde 1920 el Código Penal de dicho país admite el aborto cuando corre riesgo la vida de la madre o cuando una mujer con problemas mentales sufre una violación, desde marzo pasado una sentencia de la Corte Suprema autorizó que cualquier mujer víctima de una violación podía solicitar la interrupción del embarazo.

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