La legalidad de la resolución del colegio Leoncio Araneda de Cañete, que ordenó la expulsión de un alummo de octavo básico, de 14 años, por supuestamente ingresar y comercializar marihuana en el establecimiento, revisa la Corte de Apelaciones de Concepción.

Los padres del adolescente, Luis Cisterna y Marta Valencia, recurrieron de protección al denunciar a la directora Edith Padilla y el Consejo de Profesores, de violar el principio de inocencia respecto de su hijo, por lo que piden a la justicia revocar la drástica medida.

En el informe requerido por el tribunal de alzada a la escuela, la directora señala que el alumno fue descubierto con 23 papelillos de marihuana el 23 de agosto, los que vendía en hasta mil pesos.

Además de enviar los antecedentes a la Policía de Investigaciones, tras lo cual el Ministerio Público abrió un proceso para establecer la veracidad de la denuncia, Edith Padilla convocó una renunión con los docentes, en la que se resolvió la cancelación de la matrícula del joven.

La expulsión, se agrega en el documento recibido por el tribunal de alzada, se fundamenta en el Reglamento de Convivencia Escolar del establecimiento, por lo que se pide rechazar la acción legal.

Patricia Gutiérrez, directora provincial subrogante de Educación de Arauco, explicó que solicitó los antecedentes al colegio, de manera de examinar la situación.

La funcionaria, sin embargo, señaló que junto con la expulsión el reglamento debería contemplar mecanismos para no dejar al afectado sin clases.

En otro caso, relativo a la toma del Liceo B-56 por tres días en septiembre, también en Cañete, la Corte penquista analiza -a través de un recurso de protección- si la suspensión por 29 días de 10 estudiantes -supuestos responsables de la movilización- se ajusta a la legalidad.

En esta causa, el máximo tribunal de Concepción concedió una orden de no innovar que paralizó temporalmente la sanción.