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Gobierno argentino amplía sanciones a policías militarizados en protesta

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El gobierno argentino amplió las sanciones a policías militarizados de la Gendarmería y la Prefectura que cumplían su sexto día de manifestaciones en distintas ciudades del país en reclamo de mejoras salariales, informó este domingo un portavoz de los manifestantes.

“Hay sancionados, es una medida para tratar de que bajemos la voz, pero no vamos a cesar el reclamo, esto es represión”, dijo a Radio Mitre el suboficial de gendarmería Raúl Maza, uno de los sancionados junto a otros gendarmes que se mantienen apostados frente a la sede de la institución en la capital argentina.

En Córdoba (centro), también fueron sancionados efectivos, entre ellos Jorge Aquino, portavoz de los manfiestantes en la ciudad de Jesús María (760 km al noroeste de Buenos Aires) donde gendarmes acompañados por familiares realizaron este domingo una ruidosa caravana por la ciudad en rechazo a las medidas disciplinarias, según la prensa local.

En todos los casos el ministerio de Seguridad dispuso el “pase a disponibilidad”, una medida intermedia hasta tanto se expidan sobre cada caso los mandos superiores, pero que puede derivar en la baja de la fuerza.

Las sanciones se suman a la intervención el viernes de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Gendarmería Nacional por “irregularidades en el tratamiento de medidas judiciales relacionadas con reclamos salariales”, anunció la cartera.

Los efectivos presentaron un petitorio la semana pasada que el gobierno se comprometió al responder el martes próximo.

La Gendarmería está a cargo de la custodia de las fronteras terrestres, pero también cumple tareas de prevención en áreas sensibles, al igual que la Prefectura, que dejó de ser solo policía guardacostas.

El gobierno relevó el miércoles a las cúpulas de ambas fuerzas, que nuclean a más de 50.000 efectivos, por considerarlas responsables de una errónea aplicación de un decreto, ahora derogado.

El decreto intentaba arreglar distorsiones salariales, pero en la práctica introdujo rebajas de hasta 60% que fueron el detonante del conflicto.

El jueves pasado se ordenó el pago de salarios sin la aplicación del polémico decreto, pero ello no desactivó la protesta en reclamo de mayor paga.

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