Más de un millar de veteranos de guerra del ejército salvadoreño se manifestaron este jueves por las calles de San Salvador para demandar al gobierno el pago de indemnizaciones por los servicios prestados, entre otras reivindicaciones, constató un periodista de la agencia AFP.

“Nosotros exigimos 10.000 dólares de indemnización (por persona). Somos aproximadamente 350.000 veteranos a nivel nacional”, declaró el presidente de la Asociación de Excombatientes de la Fuerza Armada, Julio Aguilar.

Una manifestación de excombatientes salió del sector comercial oeste de San Salvador y otra del parque Centenario, mientras que ambas finalizaron en las cercanías de la Casa de Gobierno al toparse con una barrera de seguridad.

Una delegación de los veteranos ingresó a la sede del ejecutivo para presentar sus peticiones.

Aguilar advirtió que si no obtienen una respuesta “positiva”, los ex combatientes “paralizarán” durante tres días el país con el cierre de las fronteras.

“Si no recibimos la respuesta que el veterano quiere vamos a tomarnos incluso el aeropuerto internacional”, amenazó Aguilar.

Tras el fin de la guerra civil salvadoreña (1980-1992) el ejército se redujo de 63.000 a unos 10.000 efectivos. Los desmovilizados recibieron entonces indemnizaciones, tierras y otras prestaciones sociales.

Cerca de 9.000 guerrilleros activos también fueron desmovilizados e incluidos en programas de tierras y viviendas.

Sin embargo, otros veteranos del ejército y ex miembros de los proscritos cuerpos de seguridad reclaman ahora pensiones e indemnizaciones que, aseguran, sucesivos gobiernos les han negado.

El pasado 13 de enero, el presidente Mauricio Funes anunció una inversión de 23 millones de dólares para ejecutar “un plan integral” de atención para más de 25.000 excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la antigua guerrilla ahora en el poder.

Sucesivos gobiernos de la derecha que gobernaron hasta junio de 2009 habían ignorado los reclamos de indemnización de los exguerrilleros.

La guerra civil salvadoreña dejó más de 75.000 muertos, alrededor de 7.000 desaparecidos y millonarias pérdidas económicas.