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Tricel Bío Bío ordena repetir elección de centro de padres de colegio Inmaculada Concepción

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El Tribunal Calificador de Elecciones del Bío Bío anuló la elección del Centro de Padres y Apoderados del colegio Inmaculada Concepción, realizada en abril, y que fue impugnada por los dirigentes cesados en sus cargos tras el proceso. Se trata de una de las aristas judiciales abiertas tras el anuncio de la venta del establecimiento, decisión que posteriormente la orden religiosa dejó sin efecto.

A siete meses de la polémica abierta cuando las sostenedoras del Inmaculada Concepción anunciaron que 2012 sería el último año de funcionamiento del centenario colegio penquista, comienzan a fallarse las acciones legales presentadas para revertir la medida.

En esta oportunidad se pronunció el Tribunal Calificador de Elecciones, ante el cual recurrieron Miguel Palacios, Patricio Leal y Alejandro Grandón, quienes hasta abril estaban al frente del Centro de Padres y Apoderados del establecimiento educacional.

El 26 de ese mes, la directora sor María del Rosario llamó a elecciones para reemplazar al presidente, secretario y tesorero del Centro de Padres, proceso que los jueces Renato Campos, Eduardo Salas y Armando Cartes declararon no ajustado a las normas que rigen ese tipo de elecciones.

El abogado de los reclamantes, Pablo Muñoz, explicó que la sentencia repone en sus respectivos cargos a sus clientes, los que deberán llamar a una nueva elección.

Palacios, Leal y Grandón son, además, los padres de las alumnas contra quienes las monjas del Inmaculada decidieron no renovar matrícula para el año escolar 2013, por lo que acudieron a la Corte de Apelaciones a través de seis recursos de protección. Esas acciones legales están para fallo, puntualizó el abogado Gastón Barril.

Para los nuevamente dirigentes del Centro de Padres del Colegio Inmaculada Concepción, el fallo del Tribunal Calificador es una luz de esperanza en orden a que la justicia comience a revertir las ilegalidades en que ha incurrido la orden religiosa, según subrayó Patricio Leal.

Uno de los procesos pendientes en toda la polémica dice relación con la venta acordada por las sostenedoras del establecimiento educacional con la sociedad Anro, la que busca obligar al cumplimiento del contrato suscrito en enero de este año o al menos al pago de la indemnización correspondiente y que asecendería a los 350 millones de pesos.

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