La Corte Constitucional de Colombia ordenó a los militares salir de un territorio indígena en el departamento de Guaviare, al resolver una medida de amparo, según la sentencia divulgada este jueves por el tribunal.
La decisión del tribunal, garante de la Carta Magna, se produce en medio de la tensión generada en el departamento de Cauca, por la presión de los indígenas de la etnia Nasa-Paez para que el Ejército y la guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) salgan de la región.
La Corte dijo que la decisión se adoptó porque “los pueblos indígenas Jiw y Nükak, asentados en los departamentos de Meta y Guaviare (…), están en grave peligro de ser exterminados física y culturalmente, a causa del conflicto armado interno y la omisión de las autoridades en brindarles una adecuada y oportuna protección”.
En su fallo sobre el recurso de amparo introducido en 2004, la Corte dio un plazo de seis meses al Ministerio de Defensa para que devuelva “el área del resguardo Jiw de Barrancón (Guaviare), que actualmente ocupa la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina”.
Esta base es el principal centro de entrenamiento de las fuerzas especiales del Ejército, la Armada (Marina de guerra) y la Fuerza Aérea.
El proceso deberá hacerse con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, entre otros organismos, indicó la sentencia.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que “acata” el fallo, aunque anunció que lo apelará, en declaraciones a periodistas, en las que aseguró que los militares tienen “magníficas” relaciones con los indígenas en esa zona.
Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, general Alejandro Navas, aseguró que “estamos allá porque hubo acuerdos con el gobierno local”.
El presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Luis Evelis Andrade, dijo a la AFP que la decisión de la Corte no sólo le “dió la razón a la demanda de los indígenas, sino que dejó claro que es necesario dialogar y consultar con los indígenas antes de que se instale una base militar” en sus resguardos.
Sin embargo, advirtió que el fallo no se puede extender a la situación del Cauca porque “el caso es diferente y tiene otro contexto”.
Colombia padece desde hace medio siglo un conflicto armado por la sangrienta lucha contra el Estado de las guerrillas comunistas FARC y Ejército de Liberación Nacional (ELN), agravado más recientemente por la reacción de grupos armados de extrema derecha vinculados al narcotráfico y la acción de la fuerza pública en contra de ellos.
