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“Bancada de mujeres” pide a Gobierno legislar sobre parto anónimo y “ventana de vida”

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Alarmada por los tres últimos casos de fetos encontrados en el sistema de alcantarillado de Puerto Montt, la diputada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Marisol Turres presentó un proyecto de acuerdo que solicita al Gobierno desarrollar políticas públicas que tiendan a proteger la vida del recién nacido y resguardar la identidad de la madre biológica, fomentando la adopción del menor.

La idea fue planteada por la legisladora a sus pares de distintos partidos, de manera que la denominada “bancada de mujeres” hizo propio este proyecto y pidió en conjunto al Ejecutivo que establezca la modalidad del parto anónimo y las llamadas “ventanas de vida” o incubadoras protectoras del abandono, propuestas que serán planteadas en los próximos días al ministro de Salud, Jaime Mañalich.

Así, junto a las diputadas Marcela Sabat (RN), Adriana Muñoz, María Antonieta Saa (ambas PPD), Denise Pascal (PS), Andrea Molina y Mónica Zalaquett (de la UDI), Turres explicó que “comprendemos que hay situaciones que son muy difíciles desde el punto de vista social, económico o psicológico para muchas mujeres que les impiden ejercer de buena forma su maternidad”. Por esta razón -continuó-, “una forma de darles una salida digna a esas mujeres y darles la posibilidad de vida a esas guagüitas, es a través de la implementación de políticas públicas que tiendan a proteger la vida del recién nacido y resguardar la integridad psíquica de las mujeres”.

La propuesta de parto anónimo consiste en que, cuando una mujer dé a luz, pueda solicitar obviar el registro que hoy, en forma obligatoria, todo centro asistencial debe realizar con los datos de la madre. Al tiempo, las parlamentarias proponen que se implementen incubadoras que permitan por hasta tres meses mantener a los recién nacidos que son dejados por sus madres, para que se desarrolle el proceso de adopción respectivo, suprimiendo en estos casos la figura penal de abandono de niños.

“El objetivo principal es insistir en la promoción, reconocimiento, desarrollo y defensa del derecho a la vida de los niños”, dijo Turres, precisando luego que este sistema existe en países como Alemania, Bélgica, Austria, Eslovaquia, Suiza, Italia, Sudáfrica y Hungría.

Por su parte, Adriana Muñoz enfatizó que “queremos enfrentar una situación que tienen muchas mujeres y que es no querer ser madres. Durante los últimos días hemos sido testigos de infanticidios y abortos de mujeres que por evitar esta maternidad han incurrido en un grave delito. A través de estas políticas públicas podemos ir enfrentando un problema súper dramático que está oculto en nuestra sociedad”.

“Este tipo de medidas va en la línea de proteger el derecho a la vida. Además, les entrega una oportunidad a todas esas mujeres que, por falta de conocimiento y por miedo a ser castigadas, dejan a sus hijos recién nacidos en cualquier parte, tirados, como ya hemos visto en las últimas semanas. De esta forma, estos bebés pueden tener una alternativa para tener una vida digna y en manos de personas que los pueden educar”, dijo Marcela Sabat.

En la misma línea, su par PS Denise Pascal afirmó que “la idea de este proyecto es ayudar a muchas madres adolescentes que hoy se ven obligadas a cumplir con un trámite de inscripción y por esta razón evitan acercarse a centros asistenciales, teniendo a sus hijos en pésimas condiciones y abandonándolos en baños e incluso basurales por el temor al rechazo social o simplemente por falta de una educación adecuada sobre maternidad responsable”.

Coincidiendo con esta opinión, Mónica Zalaquett aseguró que “este tipo de políticas contribuye a respaldar de manera efectiva a las mujeres que por las razones que sea no puedan hacerse cargo de su guagua y permite evitar que menores sean abandonados en las calles o en lugares insalubres, amparándolos y garantizando su derecho a vivir y desarrollarse”.

En tanto, María Antonieta Saa aprovechó la oportunidad para referirse al embarazo no deseado y a la necesidad de que el Estado fortalezca sus políticas orientadas a la educación sexual, para que “ojalá ninguna mujer viva esta situación de quedar embarazada cuando no lo desea. Hoy día es una responsabilidad del Estado chileno evitar esto con políticas públicas claras”.

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