El Estado uruguayo entregó el lunes en un acto público un certificado a las víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas en la última dictadura (1973-1985) y en los cinco años anteriores, donde reconoce su actuación ilegítima en ese periodo.

El documento entregado a las víctimas o sus familiares acredita su condición de víctima y asume la responsabilidad institucional de haber afectado su dignidad humana en el período entre el 13 de junio de 1968 y el 18 de febrero de 1985.

El reconocimiento fue realizado en el Palacio Legislativo por la Comisión Especial de la Ley 18.596 junto a la Dirección de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

La entrega de este documento, al igual que otras acciones de reparación a las víctimas, “deben verse como un componente de particular significación en el camino para despejar el horizonte para que las nuevas generaciones tengan un legado y un país que asumió con valentía su historia y sus dolores”, indicó el ministro de Educación y Cultura y presidente de la Comisión Especial de Derechos Humanos, Ricardo Ehrlich.

El acto responde a lo que resuelto por una ley aprobada en setiembre de 2009, durante la presidencia del ex presidente Tabaré Vázquez, y anterior a una resolución en el mismo sentido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de febrero de 2011, por la cual el Estado asumió en marzo su responsabilidad por la desaparición en 1976 de la argentina María Claudia García de Gelman.

Los primeros certificados -que son expedidos a solicitud de una víctima o de sus familiares- los recibieron un representante de una organización de presos políticos y una de madres de detenidos desaparecidos.

La ley reconoce además el derecho a la reparación integral a todas las personas que por acción u omisión del Estado sufrieron violación a su derecho a la vida, a su integridad psicofísica y a su libertad dentro y fuera del Uruguay.

La dictadura militar dejó como saldo más de 200 desaparecidos, la mayoría en la vecina Argentina en el marco del Plan Cóndor.