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Colombia: hasta 52 años de cárcel podrían recibir 6 militares por ejecutar a discapacitado

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Una jueza sentenció a penas de entre 35 y 52 años de cárcel a seis militares colombianos por el homicidio en 2008 de un joven discapacitado mental que fue presentado por los uniformados como un guerrillero muerto en combate, informó el lunes la fiscalía.

Los condenados son un mayor retirado, un teniente, un suboficial y tres soldados, precisó la fiscalía en un comunicado, en el que recordó que el pasado 30 de marzo la jueza segunda especializada del departamento (provincia) de Cundinamarca (centro) ya los había declarado culpables.

El teniente deberá purgar 52 años de cárcel, el mayor retirado 51 años y los restantes uniformados 35 años, éstos por el delito de homicidio agravado en calidad de coautoría.

El mayor retirado -quien se encuentra prófugo- y el teniente también fueron condenados por el delito de desaparición forzada agravada.

“La víctima, que tenía retraso mental e incapacidad laboral del 56%, desapareció el 8 de marzo de 2008 de (la localidad) de Soacha (Cundinamarca) y tras la investigación se estableció que fue ultimado cuatro días después en (el departamento de) Norte de Santander”, fronterizo con Venezuela, indicó el comunicado.

Según la fiscalía, el joven Fair Leonardo Porras fue trasladado desde Soacha a la población de Ocaña, en el Norte de Santander (noreste), bajo la promesa de un empleo.

En esa ciudad, Porras fue entregado a los uniformados, quienes al parecer habrían pagado la suma de un millón de pesos (550 dólares) a la persona que convenció al hombre de viajar hasta el lugar.

El 12 de enero de 2008 los militares presentaron a Porras como un guerrillero muerto en combate, con lo que pretendían hacerse acreedores de permisos, felicitaciones y prebendas.

Junto con Porras, al menos otros nueve jóvenes de Soacha fueron llevados bajo engaños al noreste del país y ejecutados extrajudicialmente para luego hacerlos pasar por rebeldes muertos en combates.

La investigación de esas ejecuciones llevó a la fiscalía a detectar decenas de casos similares en diversas regiones del país.

En noviembre pasado, la Unidad de Derechos Humanos de la fiscalía reportó que adelantaba 8.295 investigaciones por violaciones a los derechos fundamentales, de las cuales 1.598 corresponden a homicidios cometidos posiblemente por agentes del Estado.

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