¿Quién restituye la dignidad de los estudiante secundarios expulsados, la dignidad de los padres y apoderados. y la dignidad de la opinión pública?
Cuatro meses han transcurrido desde que el alcalde de Providencia y los docentes directivos de los Liceos de esa comuna decidieron quitarle a decenas de jóvenes el derecho a la educación, expulsándolos de sus respectivos colegios.
Las concertadas respuestas dadas por las autoridades no han hecho otra cosa que ratificar su decisión de aplicar la máxima norma de manera ejemplarizadora. En ningún momento, ni el alcalde ni las directoras de dichos liceos han mostrado algún interés por el destino de los jóvenes sancionados, menos por el daño psicológico que este estado de incertidumbre podría estarles ocasionando.
Cual sea el desenlace de este proceso de indignidad humana, ¿habrá algún tiempo, algún espacio para resarcir a un grupo de jóvenes alevosamente discriminados por la irracionalidad autoritaria?
A la luz de las circunstancias que rodean esta situación sancionadora en los liceos de Providencia hay dos elementos que se destacan. Por una parte, no es posible referirse a la educación y a la pedagogía sin considerar las relaciones jerárquicas y autoritarias de poder en que ellas se desenvuelven y por otra, la sorprendente pasividad con la que actúa la mayoría de los padres y apoderados.
Esta realidad estructural y de comportamiento cotidiano ha develado una acentuada intolerancia de la autoridad edilicia y los docentes. Ellos, sintiéndose respaldados por el poder que manejan, no han permitido el diálogo, ni han aceptado puntos de vistas diferentes. Han rechazado cualquier argumentación que no sea la que ellos validan, a la luz del poder autoritario. En otras palabras, revelan una incapacidad de convivir con el diferente y el temor a descubrir que el diferente es tan valioso como ellos o tal vez, más competente.
Por su parte los padres y apoderados, con pocas excepciones, están ya habituados a firmar la condicionalidad de matrícula de sus hijos e hijas cada vez que se les exige hacerlo. Sin un mayor análisis, durante largos años han estado legitimando un régimen disciplinario jerárquico que la escuela a su vez, valida como un tipo de poder y como modalidad para ejercerla. Las normas disciplinarias jerarquizadas de un grado menor a uno mayor se explicitan en los manuales de convivencia escolar, los que hoy, paradójicamente, sirven a las directoras para justificar la expulsión de los estudiantes.
Es necesario mencionar que el manual de convivencia escolar, de aplicación vigente en los Liceos de Providencia, tal como se ha elaborado, está lejos de responder a sus directrices originales. No incluye las orientaciones que emanan del aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro; aprender y saber convivir que derivan del Informe a la UNESCO, 1996, “La Educación Encierra un Tesoro” de Jacques Delors. Tampoco ha tenido en cuenta el Decreto Supremo de Educación, Nº 220, 1998, que recomienda textualmente:
“Un sistema adecuado de disciplina en el establecimiento, que promueva el ejercicio de la libertad responsable y la capacidad de autogobierno, con plena participación de las alumnas y alumnos en la definición de normas de convivencia, y de su protagonismo en la vida liceana o colegial, constituye una dimensión crucial de la formación ética y el desarrollo personal definidos en los Objetivos Fundamentales Transversales“.
Como se puede apreciar, la escuela continúa tenazmente adherida a una disciplina que ayuda a fabricar individuos como objetos y a mantener el miedo, la incertidumbre y la inseguridad en cada uno de los resquicios de la institución escolar.
A la vez, se encuentra base suficiente para argumentar que en el proceder del alcalde y las directoras de los Liceos de Providencia hay una fuerte dimensión ética y moral que no es ajena a la cuestión del poder.
No sólo mantienen cautivo al cuerpo docente, al cual sólo le han comunicado las decisiones adoptadas, involucrándolos en una situación que refleja definitivamente un abuso de poder. Se advierte, además, una marcada incongruencia entre los documentos oficiales y el hacer, de modo que no se condice la visión, misión ni menos el marco valórico del proyecto institucional, con las razones que aducen para expulsar a los estudiantes.
Todo parece conducir a que más temprano que tarde ha de surgir la cuota de racionalidad que debe imperar para desagraviar a los jóvenes afectados por tanta injusticia desbordada.
Luis A. Toledo Mercegué, Dr. En Educación.
