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Turba de indígenas guatemaltecos lincha a supuesto delincuente

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Una turba de indígenas guatemaltecos linchó a un supuesto delincuente en un poblado al oeste de la capital, cerca de la región donde el martes hubo violentos disturbios que obligaron al gobierno a decretar estado de sitio por 30 días, informó este viernes una fuente oficial.

La víctima falleció la madrugada de este viernes en un centro asistencial público adonde fue llevado después que pobladores lo golpearan repetidamente en el cementerio de Sololá, uno 170 km al oeste de la capital, dijo a periodistas el comisario de la Policía, Elías Rodríguez.

Los indígenas también vapulearon a otra persona que sobrevivió, quemaron dos vehículos y dejaron herido a un agente de la Policía, agregó Rodríguez.

El oficial explicó que la víctima mortal, identificada como Vinicio Cáreces, se enfrentó a tiros con agentes de policía que intentaban detenerlo pues tenía una orden de captura por los delitos de asesinato, robo agravado y atentado, tras lo cual se refugió en una vivienda, que fue rodeada por los vecinos.

Aunque Cáceres intentó suicidarse cortándose los brazos, la turba lo sacó de la vivienda y lo arrastró hasta el cementerio de la localidad donde fue golpeado.

Por otro lado, unos mil pobladores de Santiago Chimaltenango, Huehuetenango (oeste), mantenían como rehenes a cuatro hombres a quienes acusaban de participar en la muerte de un vecino el jueves y amenazan con lincharlos.

Los dos poblados son de la misma región del municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, donde se registraron violentos disturbios el martes y hasta el momento hay 12 personas detenidas.

El presidente Otto Pérez aseguró el miércoles que el narcotráfico estuvo detrás de los hechos, que se originaron tras la muerte de un indígena, supuestamente a manos de agentes privados de una empresa que construye una planta hidroeléctrica en la comunidad.

El estado de sitio suspendió entre otros el porte de armas de fuego y las reuniones, y cualquier sospechoso de conspirar contra el Estado puede ser detenido sin orden judicial previa, según la Ley de Orden Público.

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