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Un pueblo español decide permitir una plantación de cannabis en sus tierras

Mario Antonio Pena Zapatería en Flickr
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Los habitantes de la pequeña localidad de Rasquera, al sur de Barcelona (noreste), decidieron este martes en un polémico referéndum permitir una plantación de marihuana en un terreno municipal, alquilado por el ayuntamiento que espera así contribuir a aumentar la arcas del pueblo para aliviar la crisis que afecta al país.

Al final, 308 habitantes de los 804 ciudadanos empadronados en esta pequeña localidad, de algo más de 900 habitantes, dijeron “sí” al proyecto, es decir, un 56,3% de los votantes, por 43,7% que votaron “no”, un 43,7%.

Este resultado, sin embargo, está lejos del objetivo del 75% de votos afirmativo que se había fijado el gobierno municipal, que incluso amenazó con dimitir si no lo lograba.

El alcalde de la localidad, Bernat Pellisa, aseguró no obstante que era una “irresponsabilidad” pronunciarse sobre su continuidad y la de su equipo poco después del anuncio del resultado de la consulta.

“Este 57/43 es un magnífico resultado pese a lo que ha caído en las últimas semanas”, aseguró ante las cámaras de las televisiones españolas y también de otros países, en referencia a las críticas recibidas.

“Mañana por la mañana (jueves) tomaremos decisiones después de digerir unos resultados” que demuestran que “la gente tiene ahora una oportunidad para salir de la crisis”, agregó el edil.

“No voy a dimitir ni esta noche ni mañana”, insistió Pellisa, asegurando que hay que “hacer las cosas con tranquilidad y orden”.

Los habitantes de Rasquera, localidad fundamentalmente agrícola, debían responder a la pregunta: “¿Estáis de acuerdo con el plan anticrisis aprobado por el Ayuntamiento de Rasquera en sesión plenaria del 29 de febrero?”, propuesto por el consistorio, que encabeza el alcalde Bernat Pellisa, de la formación independentista catalana Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

El proyecto “anticrisis” consiste, fundamentalmente, en el alquiler de terrenos municipales de Rasquera para la plantación de cannabis destinado al consumo privado de los socios de la Asociación Barcelonesa Canábica de Autoconsumo (ABCDA).

Según cálculos del ayuntamiento, la plantación supondrá para la población local hasta 1,3 millon de euros en dos años, “provenientes de las cuotas de los socios” de ABCDA, en concepto de alquiler de los terrenos y se calcula que significará la creación de una cuarentena de puestos de trabajos.

Al presentar el proyecto, Pellisa, dijo que era la “única” solución que hallaron para sanear la situación económica de la ciudad.

A finales de marzo, agentes de la policía autonómica (Mossos d’Esquadra) precintaron el recinto de la ABCDA en Barcelona, detuvieron a una de las encargadas e imputaron a cuatro miembros por presunto delito de tráfico de drogas, siendo luego puestos en libertad sin cargos y abiertas las puertas de la asociación.

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