El gobierno venezolano estima concluir más de medio millón de viviendas durante el período 2011-2014, como parte de un programa social que para 2018 espera resolver el déficit habitacional del país petrolero, calculado en unas 2,7 millones de unidades al día de hoy.

“Al cierre de 2012 estarán en ejecución 415.685 viviendas”, informó el lunes Rafael Ramírez, coordinador del Órgano Nacional de Vivienda, durante un encuentro con la prensa.

Ramírez, ministro de Energía y Petróleo y presidente de la estatal petrolera PDVSA, precisó que del total, un poco más de 259.000 serán concluidas en el 2012 y el resto en los años 2013-2014.

La cifra anunciada, sumada a las 144.000 viviendas finalizadas en 2011 según cifras oficiales, superaría el medio de millón de unidades habitacionales construidas por el Estado para 2014.

El gobierno venezolano, en pleno año electoral, concentra importantes esfuerzos en la construcción de viviendas, una de los principales problemas de la nación sudamericana, que el propio presidente Hugo Chávez considera como “tarea pendiente” de su gobierno que se inició en 1999.

Según Ramírez, sólo entre 2011 y 2012 el gobierno, a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, destinará unos 82.900 millones de bolívares (USD 19.279 millones) para el sector construcción.

Las familias con necesidad de vivienda en Venezuela rondan los 2,7 millones, según cifras de 2011.

Para lograr la meta de 3 millones de viviendas el gobierno estima que necesitará unas 60.000 hectáreas de terreno, pero actualmente sólo cuenta con unas 21.000. Por esta razón, ha emprendido estudios para decretar la ocupación de terrenos tanto públicos como privados.

Esta misma semana, informó Ramírez, el presidente Chávez podría decretar la ocupación de 105 nuevos terrenos en las principales áreas urbanas del país, que totalizan 1.268 hectáreas.

El lote incluiría un terreno en el estado de Lara (oeste) de unas 4,6 hectáreas propiedad de las empresas Polar, principal conglomerado de alimentos del país, y otra área de unas 184 hectáreas en La Yaguara, una de las principales zonas industriales de Caracas.

Ramírez aseguro que todos los afectados serán “justamente” indemnizados.

“Les pagaremos. El Estado no está abusando de su fuerza sino atendiendo una necesidad”, zanjó el funcionario.